En los próximos días debe producirse un acuerdo decisivo para el rumbo de la democracia. El espacio en el que dicho acuerdo ha de tener lugar es la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, y la ocasión es el primer debate del proyecto que incluye una quinta papeleta en las elecciones de mayo de 2004. Junto a la elección del Presidente de la República, los legisladores, los alcaldes y los representantes de corregimientos, el electorado podrá expresar, además, su opinión sobre si desea o no que el país adopte una nueva Constitución.
Examinemos algunas rutas probables que pudieran emprender los actores del llamado juego de la política al momento de abordar el delicado parlamento. El primer escenario es el del acuerdo logrado. Todas las fuerzas políticas participan de la deliberación y plantean sus respectivos puntos de vista. Reafirman su compromiso con la democracia, porque es entre otras cosas el sistema que garantiza que todos pueden expresar su opinión con libertad y trabajar por el bienestar del pueblo.
Algunos, los más cultivados en materia política, señalarán que la democracia panameña está incompleta, porque la sociedad reclama una mayor participación en las acciones importantes del Estado panameño; otros recordarán que los partidos existen porque vivimos en democracia, y no al revés; es decir, no vivimos en democracia gracias a que existen los partidos. La conclusión es que el impulso a una sana vida democrática redundará en el fortalecimiento de los colectivos políticos.
Finalmente, habrá algunos pocos que recurrirán a una inusual vehemencia para declarar una vez más -pues ya lo han hecho antes- que su trayectoria de rectitud y pulcritud los lleva a apoyar lo que es la más preciada aspiración del pueblo panameño en estos momentos, que es la convocatoria a una Constituyente. Los que tengan una sensibilidad por la historia, se referirán a cómo, con la devolución de la vía interoceánica a manos panameñas y el retiro de las bases militares estadounidenses, Panamá inició una nueva etapa en su historia y la Constituyente no es más que el instrumento idóneo para proceder a la refundación de la República.
Esta sinfonía de voces es observada desde las gradas del hemiciclo legislativo y en las pantallas chicas de miles de hogares panameños. La siguen los taxistas y los que van al volante por la radio y todos nos enteramos de que se acerca una época en la que vamos a tener que trabajar juntos, sin egoísmos, en la construcción de una sociedad mejor.
En este escenario del acuerdo logrado, los candidatos presidenciales que se sientan con más opciones de alcanzar la victoria en el próximo torneo electoral sentirán que su compromiso por lograr la transformación positiva del país será impulsado hacia delante por la labor misma de la Constituyente, lo que hará su labor aún más eficaz. Como todos los candidatos han firmado las libretas del Comité Ecuménico, ninguno encontrará excusa para no apoyar decididamente la adopción de la quinta papeleta. Las organizaciones de la sociedad civil respaldan el proyecto aprobado.
El segundo escenario posible es el del acuerdo fallido. Una pesada batería de frivolidades y sofismas obstaculiza la discusión del proyecto: se cuestiona a la Iglesia porque se mete donde no debe; se acusa al Tribunal Electoral por imprimir libretas que la Ley no le ordena; se recuerda que hay un principio del derecho público que dice que las autoridades no pueden hacer sino aquello que está expresamente mandado por la Constitución y las leyes, y ni una ni otra autorizan a incluir la quinta papeleta; que habrá mucha confusión, que el pueblo no entenderá, que no sabe ni siquiera qué es una Constitución; que no habrá tiempo para que todos puedan votar con todas las papeletas; que es inconstitucional; que se ahuyentan las inversiones -como si los escándalos de moda no las ahuyentasen-; que el mal está en la fiebre no en la sábana, lo que significa que la Constitución es buena y la gente mala; que la Constituyente será igual de mala que la Asamblea (¿?), porque la gente no escoje bien; que primero resolvamos todos los demás problemas, el desempleo, la pobreza, la corrupción, y que cuando todo esté resuelto, entonces podemos darnos el lujo de una nueva Constitución.
Esto es lo que lo que los medios reportan, pero en la oscuridad de la trastienda otro es el lenguaje. Se habla de que no van a permitir que nadie entorpezca el próximo triunfo electoral; de que hay que presionar a los curas para que dejen de estar promoviendo esta ñamería; de que si viene una Constituyente ya no van a poder controlar las cosas como hacen ahora; que hay que evitar la Constituyente a toda costa porque le van a meter la mano al Canal y esto no se puede permitir de ninguna manera, ya que en el próximo período se harán los trabajos de ampliación y el flujo multimillonario de dólares se vería entorpecido por los burócratas y los políticos, todos pidiendo coimas.
Los candidatos presidenciales firmaron las libretas del Comité Ecuménico, pero algunos de ellos sólo lo hicieron como una operación de simpatía, para ganar aceptación, y sumar futuros votos, no porque de veras crean que el país necesita un nueva Constitución. La gente ve la diferencia entre lo que se hace y lo que se dice que se hace, y siente el malestar, cuyas dimensiones no son fáciles de precisar, del que se siente burlado. La frustración y el desánimo van formando una pesada atmósfera que se mezcla con la desconfianza y el descreimiento masivo.
El tercer escenario es el de la componenda. Discursos van, discursos vienen; sin embargo, ninguno dice lo que verdaderamente cree, ni hace lo que dice. En la privacidad de los despachos se comienza a gestar un entendimiento entre las fuerzas decisivas. De ese acuerdo no se enterará nadie nunca. Lo que se observará públicamente es que se han torcido las instituciones y se han hecho malabarismos con las palabras para que no se obtengan resultados claros e incontrovertibles. Tras la aprobación de un proyecto de ley muy distinto al presentado, "engaño" y "burla al pueblo" son las palabras que recojen los periódicos, citando a voceros de la sociedad civil.
Ante una situación de confusión y de mensajes contradictorios la gente siente que nada bueno resultará, porque hay una trampa escondida. Aumentan los niveles de descrédito de las instituciones, y no son pocos los ciudadanos que señalan a los partidos políticos como la principal fuente de corrupción y el mayor de los obstáculos para el desarrollo de la democracia. Estos ciudadanos se sentirán cada vez más inclinados a favorecer una opción que se comprometa con algunos temas sustantivos de la democracia, aunque se pase por encima de los ritos formales. En la misma medida como el acuerdo político genera reacciones de refuerzo del sistema político, la componenda hace que los actores sociales destilen sustancias tóxicas que pueden ser gravemente dañinas para todo el sistema, hasta el punto de hacer peligrar su sobrevivencia.
Todos los que votan en la Asamblea Legislativa pertenecen a partidos políticos, cuya afiliación oscila alrededor del 60 % de la población con derecho a voto. El proyecto que deben acuerpar requiere que antepongan el bienestar del 100 % de la población total y dejen en segundo término la suerte inmediata de sus respectivos colectivos. Los partidos políticos tienen una responsabilidad ineludible con el futuro político del país y deben asumir el proyecto de renovación que se abre con la Constituyente como un proyecto político propio y no como un favor que le hacen a la sociedad civil.
El futuro inmediato de la democracia panameña radica en la diferencia que existe entre el acuerdo y la componenda.
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El Panamá América, Martes 16 de diciembre de 2003
Alinderar la Constituyente
Por demasiado tiempo se ha venido sosteniendo que el poder constituyente es un absoluto, que todo lo puede y nada lo detiene. Que está por encima de todo y nada hay sobre él. Pareciera que quien ejerza este poder no encontrará obstáculo alguno a su paso arrollador.
Esta concepción mitológica del poder constituyente es culpable además de desatar otro monstruo, menos fundamentado, pero más temible: la asamblea constituyente, que -según rezan algunos manuales- es soberana. Quien entiende las cosas así, tiene sobradas razones para temerle a la emergencia de una asamblea constituyente, porque ello equivaldría a conformar un puñado de individuos con todo el poder de la tierra, sin límites que nos resguarden de un posible uso abusivo del poder. Quien promueve la Constituyente porque todo lo espera de una asamblea soberana, además de cometer un acto de insania política, tendrá a la frustración y el desengaño como únicos adherentes de su espectacular desatino.
Valgan las siguientes líneas como una reflexión destinada a demostrar porqué dichas ideas no son un modo adecuado de entender la función de una constituyente y sirven, en cambio, para hacerle el juego a las fuerzas antidemocráticas que están empeñadas en garantizar la continuidad del status quo.
El poder constituyente es una abstracción que los juristas utilizan para identificar el motor del cambio de las normas fundamentales. El titular de dicho poder es el pueblo, pero no debemos caer en el reduccionismo de pensar que el pueblo y el electorado son una misma cosa. El electorado es también una construcción jurídica, pues el número de personas que tiene el derecho de depositar su voto en unos comicios es el resultado de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
Un pueblo es más que esa suma de individuos que es el electorado. En la realidad, un pueblo no es un conjunto de individuos y sus voluntades no se suman uno a uno. El procedimiento que se usa para definir los escrutinios es muy distinto del proceso real de toma de decisiones de un pueblo. Hay que considerar, por ejemplo, que cuando llega el momento de acercarse a la urna ya se han tomado decisiones clave que no pasan por el tamiz de los votantes.
Estas decisiones son el producto de un proceso político y provienen de los actos de las autoridades legítimamente constituidas, que actúan motivadas por una serie de intereses en los que se combinan los beneficios particulares con los ciudadanos, los cálculos racionales con las ilusiones de grupos particulares, y la más amplia gama de pasiones no siempre legítimas o moralmente fundadas. Fuera de estas importantes decisiones previas es imposible concebir la existencia de ejercicio electoral alguno.
Como un pueblo, además de individuos tiene grupos, organizaciones (formales e informales) y autoridades, las constituyentes -en todas partes del mundo- siempre han sido el resultado de estas decisiones fundamentales que asumen las autoridades en conjunción con los grupos y organizaciones políticas y sociales. Los decretos o leyes de convocatoria, los que reglamentan el proceso electoral mismo, detallando cómo se organiza la representación política, y cómo -mediante qué reglas- se transformarán los votos en curules, son sólo algunos de los actos que son decisivos para la conformación de una constituyente, y que escapan al albedrío de esta. En fin de cuentas, en la práctica toda constituyente nace limitada por una serie de reglas y hechos que le anteceden.
Al tener estas realidades a la vista, debe hacerse obvio que no tiene ningún sentido preguntarse si las constituyentes tienen límites, puesto que todas indefectiblemente los tienen.
Una pregunta diferente es si hay límites que la Constituyente debe respetar. En una situación como la nuestra, en la que no ha habido -aún no- un cataclismo que derrumbe a los órganos del Estado, la Constituyente tendría que hacer su trabajo sin entrometerse con los otros órganos del Estado, pues éstos al igual que ella fueron elegidos por el pueblo y derivan sus potestades del mandato expresado en las mismas urnas.
Esto quiere decir que la Constituyente no puede expedir, modificar o revocar leyes mediante actos legislativos; no puede pedir cuentas a los servidores del Estado, ni sancionarlos o destituirlos. No tienen funciones en materia fiscal o presupuestaria, no pueden contratar, ni representar en modo alguno al Estado. Mientras una nueva constitución se hace, la Constitución vigente es de forzoso cumplimiento.
La Constituyente puede ayudarse para el cumplimiento de su objetivo (la elaboración de una nueva constitución) de una amplia gama de herramientas. Si se prevé constituir un equipo técnico que asesore y absuelva las consultas de los constituyentes, es está contribuyendo genuinamente con la tarea de dicho organismo. Si se cuenta con uno o varios documentos de trabajo elaborados previamente, por organismos gubernamentales o no, por comisiones presidenciales o mixtas, se facilita igualmente el trabajo de los constituyentes.
Lo que la constituyente no puede aceptar es que le impongan un menú. No puede decírsele a los constituyentes, por ejemplo, "Refórmese el Título V sobre el Órgano Legislativo a fin de determinar una nueva fórmula para que el número de integrantes de la Asamblea Legislativa sea constante y nunca superior a los 71 miembros", o "Absténgase de hacer modificaciones al Título sobre el Canal", etc.
En materia de los contenidos que habrá de integrar el nuevo texto constitucional, no pueden imponérsele cortapisas a la labor de la Constituyente. No caben las instrucciones en cuanto a qué reformas se deben introducir, o qué aspectos de la Constitución vigente no se pueden tocar. ¿Significa esto que la Constituyente puede adoptar cualquier norma jurídica que le plazca en forma absoluta? La respuesta definitiva es que no.
La continuidad del Estado panameño no se rompe porque haya una constituyente y el Estado adopte una nueva constitución. Como miembro de la comunidad internacional, y como signatario de tratados, convenios y convenciones generales, El Estado panameño sigue sujeto a las obligaciones contraídas y la constituyente tiene que estar bien informada de dichos compromisos y obligaciones, de modo que la nueva carta nazca acorde a los parámetros de convivencia que han sido previamente aprobados en la comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas, El Pacto de San José, la Convención de los Derechos del Niño, por mencionar sólo unos pocos de los instrumentos internacionales que ha ratificado el Estado panameño, siguen estando plenamente en pie antes, durante y después de que la Constituyente termine de elaborar la nueva constitución. Estos son límites que la Constituyente debe respetar.
Hay otro tipo de límites que en la práctica también recortan los poderes de la Constituyente. La Constituyente tiene que ser convocada para que dentro de un período previamente definido cumpla la labor asignada. Un sano concepto del arbitrio sugiere que es perfectamente legítimo circunscribir la dimensión temporal de la constituyente con la fórmula de que sesionará "no menos de tres meses y no más de seis", por poner un ejemplo. La Constituyente no sólo debe respetar estos límites, sino que tiene que respetarlos, porque de otra forma el uso coactivo de los aparatos del Estado contra ella sería perfectamente legítimo.
Finalmente, el texto aprobado por la Constituyente debe ser sometido a referéndum. Este es otro límite. Como último acto del proceso constituyente tiene una doble función: actúa como un mecanismo de control y al mismo tiempo genera una reforzada legitimidad. De ese modo, todos los elementos sociohistóricos que integran el poder constituyente en un momento dado (los órganos del Estado, los partidos políticos, las organizaciones de empresarios, los sindicatos, las asociaciones no gubernamentales, los gremios profesionales, los estudiantes, etc.) habrán tenido la oportunidad de participar en ese gran diálogo con la historia de un pueblo que es el debate constitucional. Así es como un pueblo soberano hace una nueva constitución en democracia.
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El Panamá América, Martes 23 de diciembre de 2003
Esta concepción mitológica del poder constituyente es culpable además de desatar otro monstruo, menos fundamentado, pero más temible: la asamblea constituyente, que -según rezan algunos manuales- es soberana. Quien entiende las cosas así, tiene sobradas razones para temerle a la emergencia de una asamblea constituyente, porque ello equivaldría a conformar un puñado de individuos con todo el poder de la tierra, sin límites que nos resguarden de un posible uso abusivo del poder. Quien promueve la Constituyente porque todo lo espera de una asamblea soberana, además de cometer un acto de insania política, tendrá a la frustración y el desengaño como únicos adherentes de su espectacular desatino.
Valgan las siguientes líneas como una reflexión destinada a demostrar porqué dichas ideas no son un modo adecuado de entender la función de una constituyente y sirven, en cambio, para hacerle el juego a las fuerzas antidemocráticas que están empeñadas en garantizar la continuidad del status quo.
El poder constituyente es una abstracción que los juristas utilizan para identificar el motor del cambio de las normas fundamentales. El titular de dicho poder es el pueblo, pero no debemos caer en el reduccionismo de pensar que el pueblo y el electorado son una misma cosa. El electorado es también una construcción jurídica, pues el número de personas que tiene el derecho de depositar su voto en unos comicios es el resultado de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.
Un pueblo es más que esa suma de individuos que es el electorado. En la realidad, un pueblo no es un conjunto de individuos y sus voluntades no se suman uno a uno. El procedimiento que se usa para definir los escrutinios es muy distinto del proceso real de toma de decisiones de un pueblo. Hay que considerar, por ejemplo, que cuando llega el momento de acercarse a la urna ya se han tomado decisiones clave que no pasan por el tamiz de los votantes.
Estas decisiones son el producto de un proceso político y provienen de los actos de las autoridades legítimamente constituidas, que actúan motivadas por una serie de intereses en los que se combinan los beneficios particulares con los ciudadanos, los cálculos racionales con las ilusiones de grupos particulares, y la más amplia gama de pasiones no siempre legítimas o moralmente fundadas. Fuera de estas importantes decisiones previas es imposible concebir la existencia de ejercicio electoral alguno.
Como un pueblo, además de individuos tiene grupos, organizaciones (formales e informales) y autoridades, las constituyentes -en todas partes del mundo- siempre han sido el resultado de estas decisiones fundamentales que asumen las autoridades en conjunción con los grupos y organizaciones políticas y sociales. Los decretos o leyes de convocatoria, los que reglamentan el proceso electoral mismo, detallando cómo se organiza la representación política, y cómo -mediante qué reglas- se transformarán los votos en curules, son sólo algunos de los actos que son decisivos para la conformación de una constituyente, y que escapan al albedrío de esta. En fin de cuentas, en la práctica toda constituyente nace limitada por una serie de reglas y hechos que le anteceden.
Al tener estas realidades a la vista, debe hacerse obvio que no tiene ningún sentido preguntarse si las constituyentes tienen límites, puesto que todas indefectiblemente los tienen.
Una pregunta diferente es si hay límites que la Constituyente debe respetar. En una situación como la nuestra, en la que no ha habido -aún no- un cataclismo que derrumbe a los órganos del Estado, la Constituyente tendría que hacer su trabajo sin entrometerse con los otros órganos del Estado, pues éstos al igual que ella fueron elegidos por el pueblo y derivan sus potestades del mandato expresado en las mismas urnas.
Esto quiere decir que la Constituyente no puede expedir, modificar o revocar leyes mediante actos legislativos; no puede pedir cuentas a los servidores del Estado, ni sancionarlos o destituirlos. No tienen funciones en materia fiscal o presupuestaria, no pueden contratar, ni representar en modo alguno al Estado. Mientras una nueva constitución se hace, la Constitución vigente es de forzoso cumplimiento.
La Constituyente puede ayudarse para el cumplimiento de su objetivo (la elaboración de una nueva constitución) de una amplia gama de herramientas. Si se prevé constituir un equipo técnico que asesore y absuelva las consultas de los constituyentes, es está contribuyendo genuinamente con la tarea de dicho organismo. Si se cuenta con uno o varios documentos de trabajo elaborados previamente, por organismos gubernamentales o no, por comisiones presidenciales o mixtas, se facilita igualmente el trabajo de los constituyentes.
Lo que la constituyente no puede aceptar es que le impongan un menú. No puede decírsele a los constituyentes, por ejemplo, "Refórmese el Título V sobre el Órgano Legislativo a fin de determinar una nueva fórmula para que el número de integrantes de la Asamblea Legislativa sea constante y nunca superior a los 71 miembros", o "Absténgase de hacer modificaciones al Título sobre el Canal", etc.
En materia de los contenidos que habrá de integrar el nuevo texto constitucional, no pueden imponérsele cortapisas a la labor de la Constituyente. No caben las instrucciones en cuanto a qué reformas se deben introducir, o qué aspectos de la Constitución vigente no se pueden tocar. ¿Significa esto que la Constituyente puede adoptar cualquier norma jurídica que le plazca en forma absoluta? La respuesta definitiva es que no.
La continuidad del Estado panameño no se rompe porque haya una constituyente y el Estado adopte una nueva constitución. Como miembro de la comunidad internacional, y como signatario de tratados, convenios y convenciones generales, El Estado panameño sigue sujeto a las obligaciones contraídas y la constituyente tiene que estar bien informada de dichos compromisos y obligaciones, de modo que la nueva carta nazca acorde a los parámetros de convivencia que han sido previamente aprobados en la comunidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas, El Pacto de San José, la Convención de los Derechos del Niño, por mencionar sólo unos pocos de los instrumentos internacionales que ha ratificado el Estado panameño, siguen estando plenamente en pie antes, durante y después de que la Constituyente termine de elaborar la nueva constitución. Estos son límites que la Constituyente debe respetar.
Hay otro tipo de límites que en la práctica también recortan los poderes de la Constituyente. La Constituyente tiene que ser convocada para que dentro de un período previamente definido cumpla la labor asignada. Un sano concepto del arbitrio sugiere que es perfectamente legítimo circunscribir la dimensión temporal de la constituyente con la fórmula de que sesionará "no menos de tres meses y no más de seis", por poner un ejemplo. La Constituyente no sólo debe respetar estos límites, sino que tiene que respetarlos, porque de otra forma el uso coactivo de los aparatos del Estado contra ella sería perfectamente legítimo.
Finalmente, el texto aprobado por la Constituyente debe ser sometido a referéndum. Este es otro límite. Como último acto del proceso constituyente tiene una doble función: actúa como un mecanismo de control y al mismo tiempo genera una reforzada legitimidad. De ese modo, todos los elementos sociohistóricos que integran el poder constituyente en un momento dado (los órganos del Estado, los partidos políticos, las organizaciones de empresarios, los sindicatos, las asociaciones no gubernamentales, los gremios profesionales, los estudiantes, etc.) habrán tenido la oportunidad de participar en ese gran diálogo con la historia de un pueblo que es el debate constitucional. Así es como un pueblo soberano hace una nueva constitución en democracia.
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El Panamá América, Martes 23 de diciembre de 2003
Cierre sin conclusión
La historia puede parecerse a muchas cosas. A veces se parece a un proceso judicial, y comienza una etapa con lo que la gente demanda en las calles, o con las acusaciones que se hacen en los medios. Cada uno de los actores interviene en su momento buscando defender sus intereses, y luego de evacuar la fase que cada uno tiene para darle fundamento a sus pretensiones, por medio de hechos que se esgrimen como pruebas y discursos, que funcionan como alegatos de conclusión, la historia dicta su sentencia. Bajo ciertas circunstancias esta decisión final puede ser revisada, pero no por ello deja de ser una forma de resolución de tensiones, conflictos, o contradicciones. En ocasiones, la historia dicta sentencias irrevocables.
Otras veces, en cambio, la historia se parece a los periódicos. Las cosas ocurren al calor del momento, sin un plan determinado, como reacción a algo que era igualmente imprevisible y provisional. Hay veces que pareciera que el capricho de algunos individuos hace la historia y la manda a imprimir en varios miles de copias y la reparte por todo el mundo. Detrás de cada periódico que un lector, metódico o desordenado, sostiene en sus manos, hay un cierre precario que se ha producido de acuerdo a un plan que no se cumplió, porque algo pasó que nadie esperaba que pasara. O porque el que tenía asignada una tarea, no pudo completarla. O porque la fuente tenía el celular apagado. O porque alguien vino y metió su cuchara y lo enredó todo. O porque, sencillamente, somos humanos y no máquinas, y trabajamos de una manera muy distinta a la rigurosa regularidad con que giran los rodillos de las rotativas. El cierre de la edición no se hace porque la historia concluye; el periódico sale a la circulación, aunque no nos diga cómo terminó todo.
Más que a uno de los grandes procesos de la historia, el actual proceso constituyente se parece más a ese manojo de seis columnas por 21 pulgadas que miramos todas las mañanas (también hay quien lo ha querido ver como tabloide). Agoniza, como bien se ha dicho, pero no sobre el escritorio de algún editor agobiado por el paso del reloj, sino en la gaveta del Presidente de la comisión legislativa que lo prohijó hace varias semanas. Ningún medio de comunicación, radial, escrito, o televisivo, ha reportado cabalmente qué pasó con el proyecto para incorporar una quinta papeleta en las elecciones de mayo que están a la vuelta de la esquina. He aquí, pues, la información veraz, completa e imparcial.
Para empezar, hay que tener muy claro que no ha habido ningún debate en la Comisión de Gobierno sobre dicho proyecto de ley. ¿Por qué? El 18 de noviembre, el legislador Blandón presentó en el hemiciclo legislativo un anteproyecto mediante el cual se facultaba al Tribunal Electoral a realizar la consulta sobre si el electorado está o no de acuerdo en adoptar una nueva Constitución. El documento estaba acuerpado además por las firmas de los legisladores Jacobo Salas (presidente de ese órgano del Estado), Wigberto Quintero (presidente de la Comisión de Gobierno, que debía darle primer debate), Julio César Castillo, y Osman Gómez. Dejando de lado las virtudes o defectos de la iniciativa en cuestión, lo importante de aquel acto era que formalmente abría la oportunidad para un debate legislativo.
Al día siguiente, la Secretaría General de la Asamblea envió el anteproyecto a la Comisión de Gobierno con el objeto de que fuese prohijado, que en castellano significa que una mayoría de legisladores en la comisión se muestre anuente a discutirlo. Esto ocurrió en la sesión del miércoles 10 de diciembre de la mencionada comisión, es decir, tres semanas después. Cumplida dicha formalidad, el presidente de la Comisión debía presentarlo al Pleno, de modo que el Secretario de la Asamblea le diese formal entrada como proyecto y, entre otras cosas, le asignase un número y lo devolviese a la Comisión para que ésta iniciase el primer debate del, ahora sí, proyecto de ley.
Inexplicablemente, el presidente de la comisión legislativa no lo ha presentado al Pleno, y el anteproyecto no es aún un proyecto de ley que pueda empezar a discutirse. No es bueno personalizar las cosas que no tienen personas responsables, pero en este caso no está de más preguntarle a Wigberto Quintero, presidente de la comisión de marras, a qué se debe que lo que pudo haber hecho horas más tarde no haya podido hacerlo aún después de más de dos semanas. ¿Engavetado? Quintero es legislador por el MOLIRENA, colectivo que en este tema es conocido por agrupar a los dirigentes políticos más recalcitrantes en contra de la Constituyente.
Que no se me malentienda. No creo que el MOLIRENA esté en contra de la Constituyente. Tampoco creo que el PRD lo esté. En la libreta que me asignó el Comité Ecuménico, y que está ya casi completa con las 200 firmas de apoyo a una nueva Constitución elaborada por una Constituyente, se pueden leer los nombres de gente de todos los partidos. Así de claro: la gente PRD, MOLIRENA, PP, y la de los otros, está de acuerdo con la Constituyente. No así los dirigentes, que son los que administran la pitanza y que sienten que con la Constituyente no tienen nada que ganar, o repartir. Creen que han aprendido las reglas del juego de la democracia y no quiere que nadie venga a cambiárselas. En realidad, lo que han hecho es convertir a la democracia en el juego de las reglas, o más bien, en el juego con las reglas. Las que me benefician las uso, las que no, no. Para garantizar que dicho juego se respete es que tenemos a nuestros amiguetes en las posiciones clave del aparato del Estado. En este juego se gana más, o se gana menos, pero no se pierde, piensan.
El reglamento interno de la Asamblea, que no es cualquier reglamento, sino que es Ley de la República, permite que el legislador proponente del anteproyecto lo presente ante el pleno, luego de ser prohijado, práctica que se emplea con cierta frecuencia. En este caso, cabe preguntar, ¿por qué el legislador Blandón no lo presentó al pleno de modo que la Comisión pudiese iniciar el debate? La opinión más reciente que Blandón ha emitido sobre el particular es que la sociedad civil lo ha dejado solo. Esto suena a algo así como que la sociedad civil no ha salido ha respaldar su candidatura como legislador, a pesar de que él, buen hombre, quiere ayudar a la sociedad civil con el proyecto de una constituyente. No recuerdo que Blandón haya pedido apoyo de la sociedad civil cuando se aprobaron las últimas reformas electorales.
No ha habido la más pequeña oportunidad para que los miembros del Foro 2020, en general, ni los de la Mesa Nueva Constitución en particular, hayan podido asistir a las reuniones de la comisión para discutir el proyecto, porque, reitero, no ha habido ningún debate en la comisión sobre dicho tema. Y no lo habrá mientras el proyecto no pueda escapar de la gaveta en donde lo tienen encerrado. Si hay resistencia de los legisladores y de dirigentes de sus partidos en abocarse al tema, ¿por qué no decir las cosas como son?
Esta legislatura finaliza sus sesiones el miércoles 31 de diciembre y no faltará el legislador que diga que “no hubo tiempo” para discutir un proyecto que tiene cuatro artículos y no más de 200 palabras. Ya no habrá, pues, quinta papeleta, porque en marzo, cuando se reanudan las sesiones será demasiado tarde. Es improbable que la presidenta convoque a sesiones extraordinarias para discutir la quinta papeleta y, como se sabe, en sesiones extraordinarias solo se pueden discutir los proyectos mencionados expresamente en el decreto de convocatoria. Como ya hemos explicado, el anteproyecto presentado por Blandón ni siquiera tiene el status de proyecto.
La discusión se cierra sin que en realidad se haya abierto. Ha ganado la voluntad de los dirigentes de los partidos políticos de impedir que el electorado exprese su opinión. Pero aquí no hay conclusión final. La historia no ha dictado sentencia de clausura sobre el actual proceso constituyente, el cual resurgirá de una forma que ahora no se puede anticipar. Al cerrar esta edición de la legislatura se pierde con ella la oportunidad de contar con un mecanismo democrático de consulta sobre el cambio constitucional. Otros medios podrían tomar la escena.
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El Panamá América, Martes 30 de diciembre de 2003
Otras veces, en cambio, la historia se parece a los periódicos. Las cosas ocurren al calor del momento, sin un plan determinado, como reacción a algo que era igualmente imprevisible y provisional. Hay veces que pareciera que el capricho de algunos individuos hace la historia y la manda a imprimir en varios miles de copias y la reparte por todo el mundo. Detrás de cada periódico que un lector, metódico o desordenado, sostiene en sus manos, hay un cierre precario que se ha producido de acuerdo a un plan que no se cumplió, porque algo pasó que nadie esperaba que pasara. O porque el que tenía asignada una tarea, no pudo completarla. O porque la fuente tenía el celular apagado. O porque alguien vino y metió su cuchara y lo enredó todo. O porque, sencillamente, somos humanos y no máquinas, y trabajamos de una manera muy distinta a la rigurosa regularidad con que giran los rodillos de las rotativas. El cierre de la edición no se hace porque la historia concluye; el periódico sale a la circulación, aunque no nos diga cómo terminó todo.
Más que a uno de los grandes procesos de la historia, el actual proceso constituyente se parece más a ese manojo de seis columnas por 21 pulgadas que miramos todas las mañanas (también hay quien lo ha querido ver como tabloide). Agoniza, como bien se ha dicho, pero no sobre el escritorio de algún editor agobiado por el paso del reloj, sino en la gaveta del Presidente de la comisión legislativa que lo prohijó hace varias semanas. Ningún medio de comunicación, radial, escrito, o televisivo, ha reportado cabalmente qué pasó con el proyecto para incorporar una quinta papeleta en las elecciones de mayo que están a la vuelta de la esquina. He aquí, pues, la información veraz, completa e imparcial.
Para empezar, hay que tener muy claro que no ha habido ningún debate en la Comisión de Gobierno sobre dicho proyecto de ley. ¿Por qué? El 18 de noviembre, el legislador Blandón presentó en el hemiciclo legislativo un anteproyecto mediante el cual se facultaba al Tribunal Electoral a realizar la consulta sobre si el electorado está o no de acuerdo en adoptar una nueva Constitución. El documento estaba acuerpado además por las firmas de los legisladores Jacobo Salas (presidente de ese órgano del Estado), Wigberto Quintero (presidente de la Comisión de Gobierno, que debía darle primer debate), Julio César Castillo, y Osman Gómez. Dejando de lado las virtudes o defectos de la iniciativa en cuestión, lo importante de aquel acto era que formalmente abría la oportunidad para un debate legislativo.
Al día siguiente, la Secretaría General de la Asamblea envió el anteproyecto a la Comisión de Gobierno con el objeto de que fuese prohijado, que en castellano significa que una mayoría de legisladores en la comisión se muestre anuente a discutirlo. Esto ocurrió en la sesión del miércoles 10 de diciembre de la mencionada comisión, es decir, tres semanas después. Cumplida dicha formalidad, el presidente de la Comisión debía presentarlo al Pleno, de modo que el Secretario de la Asamblea le diese formal entrada como proyecto y, entre otras cosas, le asignase un número y lo devolviese a la Comisión para que ésta iniciase el primer debate del, ahora sí, proyecto de ley.
Inexplicablemente, el presidente de la comisión legislativa no lo ha presentado al Pleno, y el anteproyecto no es aún un proyecto de ley que pueda empezar a discutirse. No es bueno personalizar las cosas que no tienen personas responsables, pero en este caso no está de más preguntarle a Wigberto Quintero, presidente de la comisión de marras, a qué se debe que lo que pudo haber hecho horas más tarde no haya podido hacerlo aún después de más de dos semanas. ¿Engavetado? Quintero es legislador por el MOLIRENA, colectivo que en este tema es conocido por agrupar a los dirigentes políticos más recalcitrantes en contra de la Constituyente.
Que no se me malentienda. No creo que el MOLIRENA esté en contra de la Constituyente. Tampoco creo que el PRD lo esté. En la libreta que me asignó el Comité Ecuménico, y que está ya casi completa con las 200 firmas de apoyo a una nueva Constitución elaborada por una Constituyente, se pueden leer los nombres de gente de todos los partidos. Así de claro: la gente PRD, MOLIRENA, PP, y la de los otros, está de acuerdo con la Constituyente. No así los dirigentes, que son los que administran la pitanza y que sienten que con la Constituyente no tienen nada que ganar, o repartir. Creen que han aprendido las reglas del juego de la democracia y no quiere que nadie venga a cambiárselas. En realidad, lo que han hecho es convertir a la democracia en el juego de las reglas, o más bien, en el juego con las reglas. Las que me benefician las uso, las que no, no. Para garantizar que dicho juego se respete es que tenemos a nuestros amiguetes en las posiciones clave del aparato del Estado. En este juego se gana más, o se gana menos, pero no se pierde, piensan.
El reglamento interno de la Asamblea, que no es cualquier reglamento, sino que es Ley de la República, permite que el legislador proponente del anteproyecto lo presente ante el pleno, luego de ser prohijado, práctica que se emplea con cierta frecuencia. En este caso, cabe preguntar, ¿por qué el legislador Blandón no lo presentó al pleno de modo que la Comisión pudiese iniciar el debate? La opinión más reciente que Blandón ha emitido sobre el particular es que la sociedad civil lo ha dejado solo. Esto suena a algo así como que la sociedad civil no ha salido ha respaldar su candidatura como legislador, a pesar de que él, buen hombre, quiere ayudar a la sociedad civil con el proyecto de una constituyente. No recuerdo que Blandón haya pedido apoyo de la sociedad civil cuando se aprobaron las últimas reformas electorales.
No ha habido la más pequeña oportunidad para que los miembros del Foro 2020, en general, ni los de la Mesa Nueva Constitución en particular, hayan podido asistir a las reuniones de la comisión para discutir el proyecto, porque, reitero, no ha habido ningún debate en la comisión sobre dicho tema. Y no lo habrá mientras el proyecto no pueda escapar de la gaveta en donde lo tienen encerrado. Si hay resistencia de los legisladores y de dirigentes de sus partidos en abocarse al tema, ¿por qué no decir las cosas como son?
Esta legislatura finaliza sus sesiones el miércoles 31 de diciembre y no faltará el legislador que diga que “no hubo tiempo” para discutir un proyecto que tiene cuatro artículos y no más de 200 palabras. Ya no habrá, pues, quinta papeleta, porque en marzo, cuando se reanudan las sesiones será demasiado tarde. Es improbable que la presidenta convoque a sesiones extraordinarias para discutir la quinta papeleta y, como se sabe, en sesiones extraordinarias solo se pueden discutir los proyectos mencionados expresamente en el decreto de convocatoria. Como ya hemos explicado, el anteproyecto presentado por Blandón ni siquiera tiene el status de proyecto.
La discusión se cierra sin que en realidad se haya abierto. Ha ganado la voluntad de los dirigentes de los partidos políticos de impedir que el electorado exprese su opinión. Pero aquí no hay conclusión final. La historia no ha dictado sentencia de clausura sobre el actual proceso constituyente, el cual resurgirá de una forma que ahora no se puede anticipar. Al cerrar esta edición de la legislatura se pierde con ella la oportunidad de contar con un mecanismo democrático de consulta sobre el cambio constitucional. Otros medios podrían tomar la escena.
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El Panamá América, Martes 30 de diciembre de 2003
Todos por la Constituyente
No hay arenga en mis palabras. Es sólo la constatación de los hechos que narro más abajo. Aunque parezca mentira, ¡así es! Todas las fuerzas políticas organizadas están a favor de la convocatoria a una Constituyente. Este nuevo consenso tiene que ver con la llamada quinta papeleta, como explico luego. Es cierto que el año pasado en el mes de noviembre, en el lapso de una semana, los cuatro candidatos presidenciales desfilaron por el lente de las cámaras estampando su firma en las libretas del Comité Ecuménico, pero ahora la noticia viene a cuento de otros comportamientos más recientes, relacionados, pero inesperados.
La semana pasada, el Comité Ecuménico llevó a cabo un acto histórico mediante el cual hizo entrega pública de una certificación notarial a la Presidencia de la República, y a las distintas candidaturas, de un documento en el que se contabilizan las firmas recogidas a lo largo y ancho del territorio nacional en apoyo a una Asamblea Constituyente. La presidenta no asistió al acto y en su lugar estuvo el segundo vicepresidente, el Ing. Kaiser Bazán. Los candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios tampoco se hicieron presentes, pero los representaron sus respectivos candidatos a la segunda vicepresidencia. Rubén Arosemena, de la Estrella Verde representó a Martín Torrijos y Aníbal Galindo, del Liberal Nacional, al arnulfista José Miguel Alemán. Guillermo Endara y Ricardo Martinelli estuvieron presentes en el acto, contrarrestando de este modo el síndrome del segundo vicepresidente.
Dos días después, el jueves a las diez de la mañana, para ser más exactos, se reunió la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, con el propósito de discutir dos proyectos de ley. El anteproyecto sobre la quinta papeleta y otro sobre la creación de una fiscalía especial para investigar los crímenes de la dictadura. Se encontraban presentes Wigberto Quintero, presidente, y José Blandón, por la bancada oficialista. Jacobo Salas, presidente de la Asamblea y miembro de la Comisión, ni fue ni se hizo representar. Por la bancada de oposición asistieron Roberto Ábrego y Jerry Wilson, perredianos, y Rubén Arosemena y Aníbal Culiolis, suplente de Teresita de Arias, que no forma parte de la comisión, por el Partido Popular. Además del personal secretarial y asesor del Legislativo, habría otras doce personas, entre periodistas y representantes de eso que ha dado en llamarse la sociedad civil. Los honorables echaron de menos la presencia de un representante del Tribunal Electoral.
La reunión de la comisión no tenía mucho sentido porque no se podía dar inicio al primer debate de ninguna cosa, como tampoco se podía tomar decisión alguna sobre los anteproyectos en cuestión. Baste recordar que el anteproyecto sobre la quinta papeleta, presentado por Blandón a mediados de noviembre y prohijado el 4 de diciembre pasado por la mayoría oficialista de la Comisión, no ha sido presentado al Pleno Legislativo, por decisión propia de los proponentes, y por lo tanto no tiene aún el estatus de proyecto de ley para que pueda empezar a ser discutido.
El rechazo de los legisladores opositores a dicho proyecto fue absoluto. Wilson dijo que se trataba de una conspiración contra la democracia porque entorpecía las elecciones, y abogó porque la cuestión fuese desechada. La posición unánime de los representantes de Patria Nueva, aunque con algunas vacilaciones de Roberto Abrego, fue, para mi sorpresa, que la quinta papeleta era innecesaria porque, tras la recolección de firmas, ya había plena aceptación de que la Constituyente era el método idóneo para proceder a un cambio constitucional. Se reafirmó que el compromiso de Martín Torrijos era justamente lo que había firmado: convocar a una constituyente en los dos primeros años de su gobierno.
Después de idas y venidas, se acordaron varias cosas: Blandón y Quintero parecieron estar de acuerdo en que la consulta sobre la Constituyente bien podría realizarse en algún domingo del mes de julio, lo que fue bien recibido por los representantes de Patria Nueva. Además, se decidió decretar un receso hasta el miércoles (o sea mañana) para discutir con representantes del Tribunal Electoral y del MEF la viabilidad de la consulta en una fecha cercana.
Como parte de una serie de reacciones en cadena, los magistrados del Tribunal Electoral se reunieron, al terminar la semana, y decidieron de común acuerdo que no podían esperar hasta marzo, cuando la Asamblea inicia su período de sesiones, para saber si debían o no incluir la controversial consulta.
¿Está muerta la quinta papeleta? La respuesta es que el proyecto de ley sí, pero la quinta papeleta no. Todavía el Comité Ecuménico espera una respuesta de la Presidenta de la República, pues, de acuerdo a una posición sostenida por el magistrado Dennis Allen, el Ejecutivo podría solicitar al Tribunal Electoral la inclusión de dicha papeleta. ¿Es probable que la Presidenta lo haga? En las actuales circunstancias, parece que no.
Desde el inicio de la campaña electoral, los candidatos Guillermo Endara y Ricardo Martinelli expresaron su adhesión a la Constituyente. Independientemente del tono de sus distintos discursos, ambos candidatos han expresado de forma inequívoca su respaldo a la iniciativa cuidadana que aspira a un cambio constitucional integral. Aunque sus adversarios les echan en cara el carácter irresponsable y temerario de sus propuestas, lo cierto es que un arma legítima en una justa electoral es comprometerse con la realización de las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía.
Distinta ha sido la posición de José Miguel Alemán, pues entre los sectores que lo apoyan están los que más directamente se oponen a este mecanismo de modernización del Estado. Después de pensárselo bien, de decir y repetir que lo estaba consultando, parece que el candidato arnulfista manifestó su simpatía con el tema. Lo que no ha habido es claridad ni contundencia en sus afirmaciones. La dirección de su campaña no le ha dado a la cuestión la relevancia ni el destaque que debe tener.
Blandón, el legislador arnulfista que propuso el proyecto sobre la quinta papeleta, ha afirmado una y otra vez que dicha iniciativa no responde ni a un consenso de la bancada oficialista, ni a una posición del gobierno. De manera que, probablemente, la discreción que mantiene Alemán al no exaltar su apoyo a una Constituyente, se debe a que sus compañeros de viaje no lo respaldan. Porque si lo hicieran, lo habrían dicho hace rato.
Por el liderazgo que Martín Torrijos mantiene en las encuestas, sus propuestas, actitudes y respuestas merecen un cercano escrutinio. Hace un año la prensa escrita registra declaraciones del perredista en el sentido de que los cambios constitucionales no están en los primeros puestos de la lista de prioridades. Pero cuando los otros candidatos presidenciales firmaron las libretas del Comité Ecuménico por la Constituyente, Martín no se quedó atrás y empuñó la pluma contra el papel. En aquellos días una cuña televisiva nos comunicaba que Martín Torrijos estaba comprometido con darle al país una nueva Constitución.
Al mismo tiempo, sus copartidarios más cercanos, así como sus asesores estratégicos, explicaban que no era necesario convocar a una Constituyente para adoptar una nueva Constitución. En un fin de semana elaboraron un paquete de reformas constitucionales, mediante el cual se introducen cambios a siete artículos de la actual Constitución, y lo presentaron a la comisión legislativa, que no lo ha prohijado, pues sus proponentes son una minoría.
La Constituyente no figura en el plan de gobierno de Patria Nueva y las respuestas de Torrijos en el "Debate del Pueblo" fueron esquivas y aludieron a la reforma de la constitución por medio del Órgano Legislativo. Para concluir, Sabrina Bacal, del diario La Prensa, reportó el sábado pasado sobre la visita de Martín al rotativo y que, tras ser abordado sobre la cuestión de la Constituyente, su respuesta fue que el país tiene otras prioridades.
Por una simpatía generacional, quiero creer que, en efecto, Martín Torrijos representa una nueva clase política que no usa "ni la mentira ni el engaño". Pero, al igual que miles de ciudadanos, aún estoy esperando una respuesta clara y contundente sobre la cuestión política más crucial que deberá abordar la clase gobernante en el próximo período.
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El Panamá América, Martes 17 de febrero de 2004
La semana pasada, el Comité Ecuménico llevó a cabo un acto histórico mediante el cual hizo entrega pública de una certificación notarial a la Presidencia de la República, y a las distintas candidaturas, de un documento en el que se contabilizan las firmas recogidas a lo largo y ancho del territorio nacional en apoyo a una Asamblea Constituyente. La presidenta no asistió al acto y en su lugar estuvo el segundo vicepresidente, el Ing. Kaiser Bazán. Los candidatos presidenciales de los partidos mayoritarios tampoco se hicieron presentes, pero los representaron sus respectivos candidatos a la segunda vicepresidencia. Rubén Arosemena, de la Estrella Verde representó a Martín Torrijos y Aníbal Galindo, del Liberal Nacional, al arnulfista José Miguel Alemán. Guillermo Endara y Ricardo Martinelli estuvieron presentes en el acto, contrarrestando de este modo el síndrome del segundo vicepresidente.
Dos días después, el jueves a las diez de la mañana, para ser más exactos, se reunió la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, con el propósito de discutir dos proyectos de ley. El anteproyecto sobre la quinta papeleta y otro sobre la creación de una fiscalía especial para investigar los crímenes de la dictadura. Se encontraban presentes Wigberto Quintero, presidente, y José Blandón, por la bancada oficialista. Jacobo Salas, presidente de la Asamblea y miembro de la Comisión, ni fue ni se hizo representar. Por la bancada de oposición asistieron Roberto Ábrego y Jerry Wilson, perredianos, y Rubén Arosemena y Aníbal Culiolis, suplente de Teresita de Arias, que no forma parte de la comisión, por el Partido Popular. Además del personal secretarial y asesor del Legislativo, habría otras doce personas, entre periodistas y representantes de eso que ha dado en llamarse la sociedad civil. Los honorables echaron de menos la presencia de un representante del Tribunal Electoral.
La reunión de la comisión no tenía mucho sentido porque no se podía dar inicio al primer debate de ninguna cosa, como tampoco se podía tomar decisión alguna sobre los anteproyectos en cuestión. Baste recordar que el anteproyecto sobre la quinta papeleta, presentado por Blandón a mediados de noviembre y prohijado el 4 de diciembre pasado por la mayoría oficialista de la Comisión, no ha sido presentado al Pleno Legislativo, por decisión propia de los proponentes, y por lo tanto no tiene aún el estatus de proyecto de ley para que pueda empezar a ser discutido.
El rechazo de los legisladores opositores a dicho proyecto fue absoluto. Wilson dijo que se trataba de una conspiración contra la democracia porque entorpecía las elecciones, y abogó porque la cuestión fuese desechada. La posición unánime de los representantes de Patria Nueva, aunque con algunas vacilaciones de Roberto Abrego, fue, para mi sorpresa, que la quinta papeleta era innecesaria porque, tras la recolección de firmas, ya había plena aceptación de que la Constituyente era el método idóneo para proceder a un cambio constitucional. Se reafirmó que el compromiso de Martín Torrijos era justamente lo que había firmado: convocar a una constituyente en los dos primeros años de su gobierno.
Después de idas y venidas, se acordaron varias cosas: Blandón y Quintero parecieron estar de acuerdo en que la consulta sobre la Constituyente bien podría realizarse en algún domingo del mes de julio, lo que fue bien recibido por los representantes de Patria Nueva. Además, se decidió decretar un receso hasta el miércoles (o sea mañana) para discutir con representantes del Tribunal Electoral y del MEF la viabilidad de la consulta en una fecha cercana.
Como parte de una serie de reacciones en cadena, los magistrados del Tribunal Electoral se reunieron, al terminar la semana, y decidieron de común acuerdo que no podían esperar hasta marzo, cuando la Asamblea inicia su período de sesiones, para saber si debían o no incluir la controversial consulta.
¿Está muerta la quinta papeleta? La respuesta es que el proyecto de ley sí, pero la quinta papeleta no. Todavía el Comité Ecuménico espera una respuesta de la Presidenta de la República, pues, de acuerdo a una posición sostenida por el magistrado Dennis Allen, el Ejecutivo podría solicitar al Tribunal Electoral la inclusión de dicha papeleta. ¿Es probable que la Presidenta lo haga? En las actuales circunstancias, parece que no.
Desde el inicio de la campaña electoral, los candidatos Guillermo Endara y Ricardo Martinelli expresaron su adhesión a la Constituyente. Independientemente del tono de sus distintos discursos, ambos candidatos han expresado de forma inequívoca su respaldo a la iniciativa cuidadana que aspira a un cambio constitucional integral. Aunque sus adversarios les echan en cara el carácter irresponsable y temerario de sus propuestas, lo cierto es que un arma legítima en una justa electoral es comprometerse con la realización de las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía.
Distinta ha sido la posición de José Miguel Alemán, pues entre los sectores que lo apoyan están los que más directamente se oponen a este mecanismo de modernización del Estado. Después de pensárselo bien, de decir y repetir que lo estaba consultando, parece que el candidato arnulfista manifestó su simpatía con el tema. Lo que no ha habido es claridad ni contundencia en sus afirmaciones. La dirección de su campaña no le ha dado a la cuestión la relevancia ni el destaque que debe tener.
Blandón, el legislador arnulfista que propuso el proyecto sobre la quinta papeleta, ha afirmado una y otra vez que dicha iniciativa no responde ni a un consenso de la bancada oficialista, ni a una posición del gobierno. De manera que, probablemente, la discreción que mantiene Alemán al no exaltar su apoyo a una Constituyente, se debe a que sus compañeros de viaje no lo respaldan. Porque si lo hicieran, lo habrían dicho hace rato.
Por el liderazgo que Martín Torrijos mantiene en las encuestas, sus propuestas, actitudes y respuestas merecen un cercano escrutinio. Hace un año la prensa escrita registra declaraciones del perredista en el sentido de que los cambios constitucionales no están en los primeros puestos de la lista de prioridades. Pero cuando los otros candidatos presidenciales firmaron las libretas del Comité Ecuménico por la Constituyente, Martín no se quedó atrás y empuñó la pluma contra el papel. En aquellos días una cuña televisiva nos comunicaba que Martín Torrijos estaba comprometido con darle al país una nueva Constitución.
Al mismo tiempo, sus copartidarios más cercanos, así como sus asesores estratégicos, explicaban que no era necesario convocar a una Constituyente para adoptar una nueva Constitución. En un fin de semana elaboraron un paquete de reformas constitucionales, mediante el cual se introducen cambios a siete artículos de la actual Constitución, y lo presentaron a la comisión legislativa, que no lo ha prohijado, pues sus proponentes son una minoría.
La Constituyente no figura en el plan de gobierno de Patria Nueva y las respuestas de Torrijos en el "Debate del Pueblo" fueron esquivas y aludieron a la reforma de la constitución por medio del Órgano Legislativo. Para concluir, Sabrina Bacal, del diario La Prensa, reportó el sábado pasado sobre la visita de Martín al rotativo y que, tras ser abordado sobre la cuestión de la Constituyente, su respuesta fue que el país tiene otras prioridades.
Por una simpatía generacional, quiero creer que, en efecto, Martín Torrijos representa una nueva clase política que no usa "ni la mentira ni el engaño". Pero, al igual que miles de ciudadanos, aún estoy esperando una respuesta clara y contundente sobre la cuestión política más crucial que deberá abordar la clase gobernante en el próximo período.
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El Panamá América, Martes 17 de febrero de 2004
Hoja de ruta hacia una nueva Constitución
Es poco probable que los políticos lleguen a un acuerdo que permita realizar la consulta sobre una nueva Constitución mediante una Constituyente, en una votación de papeleta única, en una fecha posterior al 2 de mayo y anterior al 1 de septiembre.
De todas maneras, para que no se diga que las cosas no están claras, paso a delinear una posible hoja de ruta hacia una nueva Constitución y a aclarar algunos conceptos que son constantemente atropellados por la deshonestidad política, la maldad periodística o, simplemente, la impericia argumental. Un proceso ordenado de cambio constitucional requiere de una serie de decisiones ciudadanas que se expresan a través de intrumentos conocidos: la consulta ciudadana, las elecciones populares y el referéndum constitucional. Para que el electorado pueda tomar estas decisiones se requiere de actos de autoridad (de los órganos del Estado, del Tribunal Electoral, etc.), cuya finalidad es únicamente facilitar que los electores expresen sus opciones. Veamos el qué, cómo y por qué.
1. La consulta permite que el pueblo exprese su opinión sobre si quiere o no una nueva Constitución, un asunto que estrictamente le compete, y sobre el cual no hay ninguna autoridad superior. Al pueblo no le compete, por ejemplo, aprobar una ruta de buses, porque la ordenación vial responde a criterios técnicos de cierta complejidad. Para que la consulta ofreca un resultado claro, debe tener sólo dos alternativas: sí o no. Siempre habrá votos en blanco o nulos. Si se disponen tres alternativas se arriesga a que los resultados no conformen una mayoría, lo que daría al traste con la consulta. En varias ocasiones he escuchado decir que la consulta no es necesaria. En mi opinión sí lo es porque se trata de una cuestión controvertida, hay unos sectores que la apoyan, hay otros que se oponen.
He podido constatar que sí hay diferencias a lo interno de los partidos y de las distintas alianzas. En una democracia no debe haber personas ni organizaciones con derecho a veto. El voto de la mayoría debe prevalecer en cuestiones fundamentales de esta naturaleza, y es la manera apropiada de darle legitimidad al inicio del proceso.
Algunos han afirmado que el resultado de la consulta no es vincultante. Dicha afirmación no es del todo correcta. Un referéndum es una votación para aprobar un texto normativo, como un tratado o una reforma constitucional. Los resultados positivos de la votación son los que le dan vida jurídica a las normas así aprobadas. El plebiscito o consulta, por el contrario, se hace sobre una cuestión de interés ciudadano, para que las personas expresen una opinión favorable o desfavorable sobre una propuesta concreta.
A diferencia de lo que ocurre con el referéndum, mediante la consulta no se aprueba un texto jurídico vinculante, es decir no hay normas que las autoridades deben aplicar. Lo que resulta del plebiscito es una voluntad política que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir y hacer cumplir. Pero no debe caber duda alguna de que se trata de un resultado de obligatorio cumplimiento.
2. La elección de los constituyentes por sufragio popular directo es el mecanismo que la democracia impone cuando se trata de elegir a los representantes del pueblo; cualquier método alterno, como la designación de una comisión de notables por el Ejecutivo, se aparta de los valores democráticos. Es lógico que los militares hayan utilizado dicho mecanismo para modificar la Constitución en 1983. No es lógico que los partidos políticos sigan pensando que esta es la forma de mejorar la democracia. Si estuvieran hechos de mejor arcilla se darían cuenta que un proceso constituyente es la manera idónea de recargar las baterías, de descubrir a los nuevos líderes que genera la sociedad y, quizás también, jubilar a una serie de políticos anacrónicos que no cesan de repetir cosas en las que ya nadie cree. El sistema de partidos podría salir rejuvenecido del proceso, si bien algunos de los que hoy controlan a sus copartidarios podrían encontrarse entre los damnificados del vendaval democrático.
3. Finalmente, cierra el proceso el referéndum, que es una votación nacional necesaria para aprobar el texto final de la nueva Constitución, tras una sostenida campaña de información, educación y divulgación. Por ejemplo, el texto final aprobado por la Constituyente deberá ser distribuido gratuitamente por los medios de prensa escrita, pues son ellos los que tienen mejor desarrollados los canales de distribución a lo largo y ancho del territorio. También debe estar disponible en internet. Las empresas de transmisión por radio y televisión deberán hacer foros semanales y diarios sobre los distintos aspectos de la Nueva Constitución, de modo que el voto depositado en las urnas sea verdaderamente una opinión ciudadana a favor o en contra de la nueva carta fundamental. La información y los debates deben ser llevados hasta los centros escolares, pues, si bien los chicos y chicas menores de 18 no votan, si deben ser parte del proceso de formación de una voluntad política nacional. Deben saber y, en consecuencia, deben poder opinar y que se les escuche.
Dentro de este esquema, es perfectamente plausible crear una comisión de ruta hacia la nueva Constitución. Dicha comisión tendría que estar integrada por los partidos políticos y representantes de la sociedad civil, y podría tener como funciones acordar un cronograma que implique la determinación de fechas exactas para la elección de los constituyentes, el inicio y duración de las sesiones, el término dentro del cual se deberá aprobar el texto de la Nueva Constitución, así como la duración del debate nacional y la fecha en que deberá celebrarse el referéndum constitucional.
Todas estas son labores preparatorias que facilitan el trabajo de la Constituyente. Lo que no puede ser es que dicha comisión elabore una agenda de los temas que tratarán los constituyentes, o que se conviertan en sujetos deliberantes en sus debates. El trabajo de dicha comisión deber ser abierto al público y sus documentos deben ser manejados con máxima transparencia.
El más complejo y complicado de todos los problemas que se deberá resolver al momento de convocar a una Constituyente es la elaboración de las reglas electorales que regirán para dicha elección. Me explico: no es conveniente que la Constituyente sea elegida del mismo modo que se hace con la Asamblea Legislativa. El número de miembros deberá ser menor. Habrá que diseñar nuevas circunscripciones territoriales y cambiarán, por tanto, las reglas de representación proporcional.
El nuevo sistema debe reducir al mínimo necesario los circuitos uninominales, y sería conveniente que se permitiese la elección de constituyentes provinciales o nacionales. Como habría que hacer viable la libre postulación, tendrían que ser diseñadas las reglas aplicables al número de firmas que cada aspirante necesita para presentarse en las elecciones como candidato.
Una comisión de ruta hacia la nueva Constitución podría ser la sede del acuerdo de las fuerzas políticas y sociales, con la debida asesoría del Tribunal Electoral, de un sistema electoral específicamente diseñado para elegir a los constituyentes.
¿Cuál deberá ser el papel del nuevo gobierno en un proceso de cambio constitucional? Un liderazgo democrático bien entendido apoyaría el proceso que le permitirá al pueblo darse una nueva Constitución. El nuevo gobierno deberá apoyar la realización de escrutinios limpios para elegir a los miembros de la Constituyente mediante un comportamiento genuino de imparcialidad; no entorpecer ni inmiscuirse en el trabajo de la constituyente; y facilitar un gran debate nacional sobre el texto elaborado por la Constituyente, así como la asistencia del electorado a las urnas el día del referéndum.
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El Panamá América, Martes 24 de febrero de 2004
De todas maneras, para que no se diga que las cosas no están claras, paso a delinear una posible hoja de ruta hacia una nueva Constitución y a aclarar algunos conceptos que son constantemente atropellados por la deshonestidad política, la maldad periodística o, simplemente, la impericia argumental. Un proceso ordenado de cambio constitucional requiere de una serie de decisiones ciudadanas que se expresan a través de intrumentos conocidos: la consulta ciudadana, las elecciones populares y el referéndum constitucional. Para que el electorado pueda tomar estas decisiones se requiere de actos de autoridad (de los órganos del Estado, del Tribunal Electoral, etc.), cuya finalidad es únicamente facilitar que los electores expresen sus opciones. Veamos el qué, cómo y por qué.
1. La consulta permite que el pueblo exprese su opinión sobre si quiere o no una nueva Constitución, un asunto que estrictamente le compete, y sobre el cual no hay ninguna autoridad superior. Al pueblo no le compete, por ejemplo, aprobar una ruta de buses, porque la ordenación vial responde a criterios técnicos de cierta complejidad. Para que la consulta ofreca un resultado claro, debe tener sólo dos alternativas: sí o no. Siempre habrá votos en blanco o nulos. Si se disponen tres alternativas se arriesga a que los resultados no conformen una mayoría, lo que daría al traste con la consulta. En varias ocasiones he escuchado decir que la consulta no es necesaria. En mi opinión sí lo es porque se trata de una cuestión controvertida, hay unos sectores que la apoyan, hay otros que se oponen.
He podido constatar que sí hay diferencias a lo interno de los partidos y de las distintas alianzas. En una democracia no debe haber personas ni organizaciones con derecho a veto. El voto de la mayoría debe prevalecer en cuestiones fundamentales de esta naturaleza, y es la manera apropiada de darle legitimidad al inicio del proceso.
Algunos han afirmado que el resultado de la consulta no es vincultante. Dicha afirmación no es del todo correcta. Un referéndum es una votación para aprobar un texto normativo, como un tratado o una reforma constitucional. Los resultados positivos de la votación son los que le dan vida jurídica a las normas así aprobadas. El plebiscito o consulta, por el contrario, se hace sobre una cuestión de interés ciudadano, para que las personas expresen una opinión favorable o desfavorable sobre una propuesta concreta.
A diferencia de lo que ocurre con el referéndum, mediante la consulta no se aprueba un texto jurídico vinculante, es decir no hay normas que las autoridades deben aplicar. Lo que resulta del plebiscito es una voluntad política que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir y hacer cumplir. Pero no debe caber duda alguna de que se trata de un resultado de obligatorio cumplimiento.
2. La elección de los constituyentes por sufragio popular directo es el mecanismo que la democracia impone cuando se trata de elegir a los representantes del pueblo; cualquier método alterno, como la designación de una comisión de notables por el Ejecutivo, se aparta de los valores democráticos. Es lógico que los militares hayan utilizado dicho mecanismo para modificar la Constitución en 1983. No es lógico que los partidos políticos sigan pensando que esta es la forma de mejorar la democracia. Si estuvieran hechos de mejor arcilla se darían cuenta que un proceso constituyente es la manera idónea de recargar las baterías, de descubrir a los nuevos líderes que genera la sociedad y, quizás también, jubilar a una serie de políticos anacrónicos que no cesan de repetir cosas en las que ya nadie cree. El sistema de partidos podría salir rejuvenecido del proceso, si bien algunos de los que hoy controlan a sus copartidarios podrían encontrarse entre los damnificados del vendaval democrático.
3. Finalmente, cierra el proceso el referéndum, que es una votación nacional necesaria para aprobar el texto final de la nueva Constitución, tras una sostenida campaña de información, educación y divulgación. Por ejemplo, el texto final aprobado por la Constituyente deberá ser distribuido gratuitamente por los medios de prensa escrita, pues son ellos los que tienen mejor desarrollados los canales de distribución a lo largo y ancho del territorio. También debe estar disponible en internet. Las empresas de transmisión por radio y televisión deberán hacer foros semanales y diarios sobre los distintos aspectos de la Nueva Constitución, de modo que el voto depositado en las urnas sea verdaderamente una opinión ciudadana a favor o en contra de la nueva carta fundamental. La información y los debates deben ser llevados hasta los centros escolares, pues, si bien los chicos y chicas menores de 18 no votan, si deben ser parte del proceso de formación de una voluntad política nacional. Deben saber y, en consecuencia, deben poder opinar y que se les escuche.
Dentro de este esquema, es perfectamente plausible crear una comisión de ruta hacia la nueva Constitución. Dicha comisión tendría que estar integrada por los partidos políticos y representantes de la sociedad civil, y podría tener como funciones acordar un cronograma que implique la determinación de fechas exactas para la elección de los constituyentes, el inicio y duración de las sesiones, el término dentro del cual se deberá aprobar el texto de la Nueva Constitución, así como la duración del debate nacional y la fecha en que deberá celebrarse el referéndum constitucional.
Todas estas son labores preparatorias que facilitan el trabajo de la Constituyente. Lo que no puede ser es que dicha comisión elabore una agenda de los temas que tratarán los constituyentes, o que se conviertan en sujetos deliberantes en sus debates. El trabajo de dicha comisión deber ser abierto al público y sus documentos deben ser manejados con máxima transparencia.
El más complejo y complicado de todos los problemas que se deberá resolver al momento de convocar a una Constituyente es la elaboración de las reglas electorales que regirán para dicha elección. Me explico: no es conveniente que la Constituyente sea elegida del mismo modo que se hace con la Asamblea Legislativa. El número de miembros deberá ser menor. Habrá que diseñar nuevas circunscripciones territoriales y cambiarán, por tanto, las reglas de representación proporcional.
El nuevo sistema debe reducir al mínimo necesario los circuitos uninominales, y sería conveniente que se permitiese la elección de constituyentes provinciales o nacionales. Como habría que hacer viable la libre postulación, tendrían que ser diseñadas las reglas aplicables al número de firmas que cada aspirante necesita para presentarse en las elecciones como candidato.
Una comisión de ruta hacia la nueva Constitución podría ser la sede del acuerdo de las fuerzas políticas y sociales, con la debida asesoría del Tribunal Electoral, de un sistema electoral específicamente diseñado para elegir a los constituyentes.
¿Cuál deberá ser el papel del nuevo gobierno en un proceso de cambio constitucional? Un liderazgo democrático bien entendido apoyaría el proceso que le permitirá al pueblo darse una nueva Constitución. El nuevo gobierno deberá apoyar la realización de escrutinios limpios para elegir a los miembros de la Constituyente mediante un comportamiento genuino de imparcialidad; no entorpecer ni inmiscuirse en el trabajo de la constituyente; y facilitar un gran debate nacional sobre el texto elaborado por la Constituyente, así como la asistencia del electorado a las urnas el día del referéndum.
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El Panamá América, Martes 24 de febrero de 2004
Reformas y constituyente
El proceso constituyente, que comenzó a dar sus primeros pasos hace unos dos años cuando miembros de la sociedad civil decidieron retomar la Visión 2020 e iniciar la formulación de propuestas de consenso hacia una nueva Constitución, ha tenido sus altas y sus bajas. La cresta de la ola se dio cuando el Comité Ecuménico encontró un mecanismo que le permitió a más de cien mil panameños expresar su opinión afirmativa sobre la convocatoria a una asamblea constituyente que redactara una nueva Constitución.
Hubo un gran entusiasmo, pero también se dieron situaciones extrañas, como las de organizaciones que solicitaron varios decenas de libretas y no salieron a recoger ninguna firma, pues al cabo de los meses las entregaron vacías, sin siquiera un intento de justificación.
Al secuestro de centenares de libretas se sumaron reuniones discretas en donde dirigentes políticos muy conocidos acordaron bloquear la iniciativa y le exigieron a miembros del clero que pararan esta "ñamería" porque a su juicio la sola idea de una constituyente atentaba contra el proceso electoral. Al mismo tiempo, los cuatro candidatos presidenciales acudieron a firmar las libretas, se tomaron la foto sonreídos y así salieron en los periódicos anunciando que apoyaban este clamor popular.
Cuando se propuso ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que ordenaba la inclusión de una quinta papeleta en los comicios de mayo, los representantes de la alianza opositora manifestaron que la idea de la consulta era genial, pero no el mismo día de las elecciones. En la sesión de la Comisión de Gobierno del 12 de febrero de este año, los legisladores de Patria Nueva aseguraron que la consulta no era necesaria porque ya todo el mundo estaba de acuerdo con la necesidad de la Constituyente, que si Martín Torrijos había firmado ese compromiso, eso en efecto se iba a hacer de resultar elegido. Representantes del candidato perredista lo dijeron hasta por televisión y confío en que las grabaciones estén disponibles si hiciera falta recurrir a ellas.
Cuando la asamblea general del Foro Panamá 2020, el 20 de febrero, aprobó por unanimidad, que se solicitara al Ejecutivo ordenar la realización de la consulta junto con las elecciones, los magistrados del Tribunal Electoral se presentaron a la comisión legislativa para solicitarle a los legisladores que se rechazara la inclusión de la quinta papeleta sobre la base de que ya no quedaba suficiente tiempo disponible para entrenar al personal que participaría en los comicios al frente de las mesas de votación. Los magistrados se mostraron prestos a realizar la consulta en un plazo de tres meses pasada la elección.
Con el pueblo enfocado en las elecciones se rompió la ola. Los que salieron favorecidos en las urnas se sienten que ganaron una copa de fútbol, como la de Brasil, y piensan que como triunfadores van a mandar y a decidir de ahora en adelante. De los que perdieron cabe destacar dos cosas: un grupo lo perdió todo, como en el póquer, pero todavía no lo han asimilado bien, puesto que aún disfrutan de las mieles del poder, y lo seguirán haciendo hasta fines de agosto.
Hay otro grupo, que sin ganar no perdió, más bien obtuvo posiciones importantes, y, como no son mezquinos, ya están pensando en la gobernabilidad que necesita el presidente electo, que Dios quiera no comience a parecerse mucho a la que necesitó la presidenta actual.
Ninguno de estos grupos parece tener presupuesto mental para retomar con seriedad la cuestión fundacional del poder.
¿Dónde quedó la Constituyente? Por ahora, en ninguna parte visible. Prueba de ello es que el representante del PRD ha pedido a la Mesa Nueva Constitución del Foro 2020 que considere la conveniencia de utilizar el mecanismo de las dos asambleas para introducir los cambios constitucionales propuestos por el Foro 2020. Como se trata de un vocero autorizado, hay que entender que la primera opción del grupo que asumirá las riendas del gobierno en septiembre es reformar la Constitución sólo en algunos aspectos.
Como el Foro es un espacio de concertación, es inapropiado descalificar la propuestas de sus miembros antes de que sean presentadas y, más allá de la urbanidad política, es lógico que se le escuche.
Después de las acostumbradas rondas de consultas, habrá un proyecto de reformas que se presentará al Pleno Legislativo. Solamente en ese momento la Mesa Nueva Constitución podrá arribar a una conclusión sobre dicho proyecto, luego de evacuada la debida sustentación y el intercambio de opiniones.
Como no somos una camarilla, sino un foro de consenso, no tenemos más remedio que manejar nuestros asuntos con transparencia y libertad, tolerancia ante las propuestas de los otros y paciencia para recorrer todas las fases propias del debate entre seres racionales.
La reforma de la Constitución por medio de dos asambleas enfrenta muy variadas presiones. Por una parte, no faltan los conservadores que propugnen por la menor cantidad posible de cambios, para que la cosa dure unos cinco o diez años más. Un parchesito por aquí, otro por allá y listo. Si prevalece este talante minimalista, en pocos meses el clamor por la Constituyente volverá a resurgir como una fuerza social aglutinadora, ya que la clase política le habrá fallado a la ciudadanía una vez más.
Ahora bien, si en el afán de llevar a cabo una reforma sustancial de la Carta Magna, se presenta un paquete de cambios profundos en el diseño funcional de los tres órganos del Estado, el proyecto podría motivar el rechazo de los legisladores que se aferran al actual esquema, lo que daría al traste con la reforma y haría más patente la necesidad de una Constituyente.
Buena suerte les deseo a los navegantes que tratan de evitar el destino común de los que intentan cruzar entre Escila y Caribdis.
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El Panamá América, Martes 1 de junio de 2004
Hubo un gran entusiasmo, pero también se dieron situaciones extrañas, como las de organizaciones que solicitaron varios decenas de libretas y no salieron a recoger ninguna firma, pues al cabo de los meses las entregaron vacías, sin siquiera un intento de justificación.
Al secuestro de centenares de libretas se sumaron reuniones discretas en donde dirigentes políticos muy conocidos acordaron bloquear la iniciativa y le exigieron a miembros del clero que pararan esta "ñamería" porque a su juicio la sola idea de una constituyente atentaba contra el proceso electoral. Al mismo tiempo, los cuatro candidatos presidenciales acudieron a firmar las libretas, se tomaron la foto sonreídos y así salieron en los periódicos anunciando que apoyaban este clamor popular.
Cuando se propuso ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que ordenaba la inclusión de una quinta papeleta en los comicios de mayo, los representantes de la alianza opositora manifestaron que la idea de la consulta era genial, pero no el mismo día de las elecciones. En la sesión de la Comisión de Gobierno del 12 de febrero de este año, los legisladores de Patria Nueva aseguraron que la consulta no era necesaria porque ya todo el mundo estaba de acuerdo con la necesidad de la Constituyente, que si Martín Torrijos había firmado ese compromiso, eso en efecto se iba a hacer de resultar elegido. Representantes del candidato perredista lo dijeron hasta por televisión y confío en que las grabaciones estén disponibles si hiciera falta recurrir a ellas.
Cuando la asamblea general del Foro Panamá 2020, el 20 de febrero, aprobó por unanimidad, que se solicitara al Ejecutivo ordenar la realización de la consulta junto con las elecciones, los magistrados del Tribunal Electoral se presentaron a la comisión legislativa para solicitarle a los legisladores que se rechazara la inclusión de la quinta papeleta sobre la base de que ya no quedaba suficiente tiempo disponible para entrenar al personal que participaría en los comicios al frente de las mesas de votación. Los magistrados se mostraron prestos a realizar la consulta en un plazo de tres meses pasada la elección.
Con el pueblo enfocado en las elecciones se rompió la ola. Los que salieron favorecidos en las urnas se sienten que ganaron una copa de fútbol, como la de Brasil, y piensan que como triunfadores van a mandar y a decidir de ahora en adelante. De los que perdieron cabe destacar dos cosas: un grupo lo perdió todo, como en el póquer, pero todavía no lo han asimilado bien, puesto que aún disfrutan de las mieles del poder, y lo seguirán haciendo hasta fines de agosto.
Hay otro grupo, que sin ganar no perdió, más bien obtuvo posiciones importantes, y, como no son mezquinos, ya están pensando en la gobernabilidad que necesita el presidente electo, que Dios quiera no comience a parecerse mucho a la que necesitó la presidenta actual.
Ninguno de estos grupos parece tener presupuesto mental para retomar con seriedad la cuestión fundacional del poder.
¿Dónde quedó la Constituyente? Por ahora, en ninguna parte visible. Prueba de ello es que el representante del PRD ha pedido a la Mesa Nueva Constitución del Foro 2020 que considere la conveniencia de utilizar el mecanismo de las dos asambleas para introducir los cambios constitucionales propuestos por el Foro 2020. Como se trata de un vocero autorizado, hay que entender que la primera opción del grupo que asumirá las riendas del gobierno en septiembre es reformar la Constitución sólo en algunos aspectos.
Como el Foro es un espacio de concertación, es inapropiado descalificar la propuestas de sus miembros antes de que sean presentadas y, más allá de la urbanidad política, es lógico que se le escuche.
Después de las acostumbradas rondas de consultas, habrá un proyecto de reformas que se presentará al Pleno Legislativo. Solamente en ese momento la Mesa Nueva Constitución podrá arribar a una conclusión sobre dicho proyecto, luego de evacuada la debida sustentación y el intercambio de opiniones.
Como no somos una camarilla, sino un foro de consenso, no tenemos más remedio que manejar nuestros asuntos con transparencia y libertad, tolerancia ante las propuestas de los otros y paciencia para recorrer todas las fases propias del debate entre seres racionales.
La reforma de la Constitución por medio de dos asambleas enfrenta muy variadas presiones. Por una parte, no faltan los conservadores que propugnen por la menor cantidad posible de cambios, para que la cosa dure unos cinco o diez años más. Un parchesito por aquí, otro por allá y listo. Si prevalece este talante minimalista, en pocos meses el clamor por la Constituyente volverá a resurgir como una fuerza social aglutinadora, ya que la clase política le habrá fallado a la ciudadanía una vez más.
Ahora bien, si en el afán de llevar a cabo una reforma sustancial de la Carta Magna, se presenta un paquete de cambios profundos en el diseño funcional de los tres órganos del Estado, el proyecto podría motivar el rechazo de los legisladores que se aferran al actual esquema, lo que daría al traste con la reforma y haría más patente la necesidad de una Constituyente.
Buena suerte les deseo a los navegantes que tratan de evitar el destino común de los que intentan cruzar entre Escila y Caribdis.
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El Panamá América, Martes 1 de junio de 2004
Una norma transitoria
Se cuenta con muy poco tiempo para hacer un debate nacional responsable sobre el anteproyecto de reformas constitucionales presentado a la Asamblea Legislativa el viernes 18 de junio por el PRD antes de que concluya la legislatura el día 30. El objetivo de este artículo es aportar nuevos elementos al debate para que sean tomados en cuenta por los legisladores de la República, ya que por la escasez del tiempo, la sociedad organizada tendrá muy pocos espacios para participar del acto más caro a la ciudadanía.
Lo que aquí se aporta parte de las siguientes premisas: 1. los cambios en la Constitución son necesarios para mejorar el desempeño del Estado y satisfacer demandas sociales; 2. el anteproyecto va en el sentido correcto, pero no está escrito en piedra, es decir, se trata de un documento para la discusión; 3. a partir del debate y del intercambio de ideas razonables entre distintos sectores se puede mejorar la reforma planteada. No podría entender de otra manera la discusión de un asunto de tanta trascendencia para la democracia. Haré 7 observaciones y sugerencias que creo pertinentes y una muy breve reflexión sobre valor político y social del mencionado proyecto. No voy a argumentar aquí sobre si el método de cambio constitucional es adecuado (sencillamente supongo que lo es) y debe quedar claro que las sugerencias que abajo se hacen son una manifestación de apoyo al proyecto de reforma.
Pues bien, menos de la mitad de los 41 artículos del proyecto se apoya en una veintena de las 154 propuestas de cambio constitucional del Foro Panamá 2020. Dicho con mayor exactitud: las propuestas de cambio constitucional del Foro Panamá 2020 podrían respaldar 15 de los 41 artículos planteados, mientras que del material elaborado por el Foro se han utilizado veintitrés de más de 150 propuestas. No digo que es mucho, no digo que es poco; solo doy las dimensiones.
Cuando hace dos años se planteó la necesidad de reducir el número de legisladores se trataba de recortar de 71 a 50 ó 60 máximo. En septiembre tomarán posesión 78 legisladores y el proyecto rebaja el número a 67. Pienso que se puede hacer un esfuerzo y bajar esta cantidad aún más. La exposición de motivos no explica de dónde sale el número mágico de 67.
La participación ciudadana es desarrollada por el proyecto en lo relativo a la iniciativa para iniciar un proceso constituyente, la revocatoria de mandato, en caso de los legisladores que accedieren al cargo por la libre postulación, y el referéndum sobre la ampliación del canal. En el primer punto se pide un porcentaje muy alto de firmas (25%); sugiero que se baje a 10 %, lo que equivale a unas 200 mil firmas hoy. En el segundo punto recomiendo que la revocatoria de mandato sea siempre popular y se elimine la partidaria. Debe desarrollarse además lo relativo a la inciativa ciudadana para proponer proyectos de leyes.
Sobre el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me gustaría creer que hubo una omisión involuntaria y a los proponentes se les olvidó incluir que la ratificación de dichos nombramientos debe ser por dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Así lo establecen los documentos del Foro para TODOS los altos funcionarios del Estado. De esa manera hay mayor control sobre las designaciones del Ejecutivo, que se supone que es uno de los objetivos de la reforma.
La posibilidad de incrementar el número de magistrados en cada sala de la Corte Suprema, por vía de ley, no es una buena idea en ausencia de una reglamentación del escalonamiento de esos nombramientos. Más sencillo: mediante esa reforma un gobierno (no tiene que ser el de Martín, pudiera ser otro posterior) podría lograr el control de una mayoría en el máximo tribunal, convirtiendo a la administración de justicia en una extensión del Órgano Ejecutivo con la mera aprobación de una ley. No es deseable dejar abierta esa puerta, porque nadie sabe quién la puede ser el día de mañana.
Sin necesidad de un articulado complejo, se podría introducir instrumentos más modernos de la justicia constitucional, como el Habeas data, o el amparo contra las empresas que prestan servicios públicos, o el Habeas corpus preventivo.
También se podría darle pleno reconocimiento a los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos como normas de aplicación directa para todas las autoridades.
Dos reflexiones antes de terminar: estos cambios están lejos de ser una reforma sustancial de la Constitución; son solo una manera de comprar tiempo antes de hacer cambios profundos. El hecho de que la clase política diga que no está preparada para hacer los cambios es señal de que en efecto no está preparada y sin ellos los cambios no serán plausibles. El país, la sociedad, tiene que obligar a nuestros políticos a crecer hasta el punto en que atisben una verdad muy simple: la Constituyente es la vía de la democratización. No creo en falsas dicotomías y no veo cómo la aprobación de este paquete de reformas, por más buenas que pudieran ser, puede desplazar la reclamación ciudadana de adoptar una nueva Constitución por la vía más democrática posible.
Por eso mi séptima y última recomendación es que se introduzca una norma transitoria mediante la cual, al vencimiento de determinado plazo (bien pudiera ser dos años, como lo establecen las libretas del Comité Ecuménico que firmó el Presidente electo junto a los otros tres candidatos), se active automáticamente el proceso para elegir constituyentes de modo que dentro de los términos y condiciones que establece la propia Constitución haya un proceso ordenado hacia una nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente y aprobada mediante referéndum.
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El Panamá América, Martes 22 de junio de 2004
Lo que aquí se aporta parte de las siguientes premisas: 1. los cambios en la Constitución son necesarios para mejorar el desempeño del Estado y satisfacer demandas sociales; 2. el anteproyecto va en el sentido correcto, pero no está escrito en piedra, es decir, se trata de un documento para la discusión; 3. a partir del debate y del intercambio de ideas razonables entre distintos sectores se puede mejorar la reforma planteada. No podría entender de otra manera la discusión de un asunto de tanta trascendencia para la democracia. Haré 7 observaciones y sugerencias que creo pertinentes y una muy breve reflexión sobre valor político y social del mencionado proyecto. No voy a argumentar aquí sobre si el método de cambio constitucional es adecuado (sencillamente supongo que lo es) y debe quedar claro que las sugerencias que abajo se hacen son una manifestación de apoyo al proyecto de reforma.
Pues bien, menos de la mitad de los 41 artículos del proyecto se apoya en una veintena de las 154 propuestas de cambio constitucional del Foro Panamá 2020. Dicho con mayor exactitud: las propuestas de cambio constitucional del Foro Panamá 2020 podrían respaldar 15 de los 41 artículos planteados, mientras que del material elaborado por el Foro se han utilizado veintitrés de más de 150 propuestas. No digo que es mucho, no digo que es poco; solo doy las dimensiones.
Cuando hace dos años se planteó la necesidad de reducir el número de legisladores se trataba de recortar de 71 a 50 ó 60 máximo. En septiembre tomarán posesión 78 legisladores y el proyecto rebaja el número a 67. Pienso que se puede hacer un esfuerzo y bajar esta cantidad aún más. La exposición de motivos no explica de dónde sale el número mágico de 67.
La participación ciudadana es desarrollada por el proyecto en lo relativo a la iniciativa para iniciar un proceso constituyente, la revocatoria de mandato, en caso de los legisladores que accedieren al cargo por la libre postulación, y el referéndum sobre la ampliación del canal. En el primer punto se pide un porcentaje muy alto de firmas (25%); sugiero que se baje a 10 %, lo que equivale a unas 200 mil firmas hoy. En el segundo punto recomiendo que la revocatoria de mandato sea siempre popular y se elimine la partidaria. Debe desarrollarse además lo relativo a la inciativa ciudadana para proponer proyectos de leyes.
Sobre el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, me gustaría creer que hubo una omisión involuntaria y a los proponentes se les olvidó incluir que la ratificación de dichos nombramientos debe ser por dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Así lo establecen los documentos del Foro para TODOS los altos funcionarios del Estado. De esa manera hay mayor control sobre las designaciones del Ejecutivo, que se supone que es uno de los objetivos de la reforma.
La posibilidad de incrementar el número de magistrados en cada sala de la Corte Suprema, por vía de ley, no es una buena idea en ausencia de una reglamentación del escalonamiento de esos nombramientos. Más sencillo: mediante esa reforma un gobierno (no tiene que ser el de Martín, pudiera ser otro posterior) podría lograr el control de una mayoría en el máximo tribunal, convirtiendo a la administración de justicia en una extensión del Órgano Ejecutivo con la mera aprobación de una ley. No es deseable dejar abierta esa puerta, porque nadie sabe quién la puede ser el día de mañana.
Sin necesidad de un articulado complejo, se podría introducir instrumentos más modernos de la justicia constitucional, como el Habeas data, o el amparo contra las empresas que prestan servicios públicos, o el Habeas corpus preventivo.
También se podría darle pleno reconocimiento a los Tratados y Convenciones de Derechos Humanos como normas de aplicación directa para todas las autoridades.
Dos reflexiones antes de terminar: estos cambios están lejos de ser una reforma sustancial de la Constitución; son solo una manera de comprar tiempo antes de hacer cambios profundos. El hecho de que la clase política diga que no está preparada para hacer los cambios es señal de que en efecto no está preparada y sin ellos los cambios no serán plausibles. El país, la sociedad, tiene que obligar a nuestros políticos a crecer hasta el punto en que atisben una verdad muy simple: la Constituyente es la vía de la democratización. No creo en falsas dicotomías y no veo cómo la aprobación de este paquete de reformas, por más buenas que pudieran ser, puede desplazar la reclamación ciudadana de adoptar una nueva Constitución por la vía más democrática posible.
Por eso mi séptima y última recomendación es que se introduzca una norma transitoria mediante la cual, al vencimiento de determinado plazo (bien pudiera ser dos años, como lo establecen las libretas del Comité Ecuménico que firmó el Presidente electo junto a los otros tres candidatos), se active automáticamente el proceso para elegir constituyentes de modo que dentro de los términos y condiciones que establece la propia Constitución haya un proceso ordenado hacia una nueva Constitución, elaborada por una Asamblea Constituyente y aprobada mediante referéndum.
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El Panamá América, Martes 22 de junio de 2004
¿A favor o en contra?
Como si te pusieran una pistola en el cuello, hay dos grupos contrarios que hacen la misma pregunta con el mismo apremio: "¿A favor o en contra?" La presentación de un proyecto de reformas constitucionales por parte de la alianza ganadora de las elecciones de mayo pasado ha suscitado reacciones variadas, pero hay dos que predominan.
Entre los que apoyan el proyecto, hay un grupo que piensa que hay muy poco que debatir porque estos "temas" ya fueron discutidos y todo el mundo los conoce y está de acuerdo, por lo que quisieran que el proyecto se aprobara sin más ni más. En un programa de televisión, abierto al debate, uno de estos seres dijo, sin rubor alguno, que al llevar el proyecto a consulta con los distintos sectores de la sociedad se intentaba boicotear la propuesta. Según este señor, los ciudadanos somos unos entrometidos en la reforma constitucional. ¿Para qué consultar, si el proyecto ya tiene los votos? Desde esta perspectiva, si no estás a favor de las reformas tal y como se presentaron, es porque estás en contra. Eres, por lo tanto, un saboteador y un enemigo de la Patria Nueva.
Hay algo en todo ello que me recuerda al "cara de piña". Es la misma actitud, sólo que ahora estamos en democracia y no tengo miedo de que la policía venga a incomodarme. Pero la indignación que me provoca esta conducta fraudulenta se parece mucho a la que sentía entonces.
Dicen que la naturaleza crea todos los defectos por partida doble. De la misma manera que unos buscan aprobación incondicional para la reforma, otros han encontrado el momento propicio para adelantar posiciones tácticas irresponsables. Hay un grupo que está en contra porque no puede estar a favor de nada que provenga de las filas del PRD. Han llegado a parecerse tanto a aquello que odian que la palabra debate les suena a componenda, el entendimiento mutuo no es más que la venta al enemigo, y el acuerdo la señal inconfundible de que se han abandonado todos los principios. Si no estás en contra de las reformas, eres un inmoral y un traidor. Sus objeciones no tienen como finalidad depurar la propuesta sino desacreditar a las personas.
En el contexto de consultar a las distintas organizaciones sociales, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa se planteó la necesidad de escuchar al Foro 2020. De parte y parte había interés en apropiarse de la credibilidad y respeto de que el nombre goza. Unos querían hacer ver que el Foro era su aval, y los otros estaban prestos a argumentar que el Foro estaba en contra de las reformas. En dicha comisión legislativa, el 22 de junio le correspondió al Foro 2020 el primer turno en el proceso de consultas. A las 10 de la mañana fui llamado, por nombre propio, como Coordinador de la Mesa Nueva Constitución del Foro 2020, a hacer una exposición sobre los planteamientos de dicha organización, lo que hice en menos de 15 minutos, ya que bastaba con explicar que el Foro es una reunión de organizaciones (gobierno, partidos y asociaciones civiles) que se verifica unas tres veces al año y que su próxima asamblea general estaba prevista para agosto. Las Mesa Nueva constitución ha venido reuniéndose semanalmente y es la que ha elaborado lo aprobado por la Asamblea del Foro.
El proyecto del Foro 2020, expliqué en esa ocasión, es una nueva Constitución producto del consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales; no obstante, sus integrantes nunca han logrado ponerse de acuerdo sobre el método para introducir el cambio. En dos años de trabajo se han aprobado unas 150 propuestas de cambio constitucional en asamblea general.
Cuando uno de los legisladores comenzó a hacerme preguntas sobre aspectos específicos del proyecto de reformas, sentí que lo honesto y lo decente era advertir a mis interlocutores que las respuestas que podía dar al respecto obedecían a un criterio personal y que no podían ser atribuidas al Foro, pues éste sólo podía pronunciarse luego de considerado el tema en asamblea general.
No sé si todas las organizaciones civiles y políticas acostumbran a definir sus posiciones en asamblea general y si los que se expresan a nombre de ellas lo hacen sobre la base de una delegación incontrovertible. En el caso del Foro 2020, era mi responsabilidad impedir que se distorsionara su incidencia en la cuestión. Para mi sorpresa, a los legisladores les pareció bien escuchar mi criterio sobre los extremos planteados. Pasada la media hora, que era el tiempo previo establecido para la consulta con cada una de las organizaciones invitadas, otro legislador pidió que mi intervención se terminase, pues mis opiniones no representaban al Foro, como yo había explicado ya. La cuestión fue considerada sumariamente por los legisladores, quienes decidieron que aún así debía yo continuar exponiendo sobre distintos aspectos que me requerían. Mi intervención concluyó poco después de las 12 del día, cuando las preguntas cesaron. Los integrantes de la Mesa Nueva Constitución y del Foro 2020 en el recinto me expresaron su satisfacción por los planteamientos ofrecidos y de los legisladores recibí un sincero reconocimiento. Quiero dejar registro de que hice mi mejor esfuerzo por cumplir con las exigencias de un debate racional, además de que intenté evitar que en dicho espacio se manipulara la posición del Foro 2020 en un sentido u otro.
Al pasar el proyecto de reformas por un primer tamiz de opinión pública queda claro que se requieren ajustes a la estructura política antes de que la sociedad panameña se aboque a una democratización más profunda; sin embargo, el paquete presentado adolece de defectos que recomiendan una drástica reducción a tres o cuatro puntos que no despierten sospechas ni polémicas. Fuera de esos aspectos, se requiere un debate sesudo y bien informado que será parte ya de un gran cambio que sólo una Asamblea Constituyente puede lograr.
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El Panamá América, Martes 29 de junio de 2004
Entre los que apoyan el proyecto, hay un grupo que piensa que hay muy poco que debatir porque estos "temas" ya fueron discutidos y todo el mundo los conoce y está de acuerdo, por lo que quisieran que el proyecto se aprobara sin más ni más. En un programa de televisión, abierto al debate, uno de estos seres dijo, sin rubor alguno, que al llevar el proyecto a consulta con los distintos sectores de la sociedad se intentaba boicotear la propuesta. Según este señor, los ciudadanos somos unos entrometidos en la reforma constitucional. ¿Para qué consultar, si el proyecto ya tiene los votos? Desde esta perspectiva, si no estás a favor de las reformas tal y como se presentaron, es porque estás en contra. Eres, por lo tanto, un saboteador y un enemigo de la Patria Nueva.
Hay algo en todo ello que me recuerda al "cara de piña". Es la misma actitud, sólo que ahora estamos en democracia y no tengo miedo de que la policía venga a incomodarme. Pero la indignación que me provoca esta conducta fraudulenta se parece mucho a la que sentía entonces.
Dicen que la naturaleza crea todos los defectos por partida doble. De la misma manera que unos buscan aprobación incondicional para la reforma, otros han encontrado el momento propicio para adelantar posiciones tácticas irresponsables. Hay un grupo que está en contra porque no puede estar a favor de nada que provenga de las filas del PRD. Han llegado a parecerse tanto a aquello que odian que la palabra debate les suena a componenda, el entendimiento mutuo no es más que la venta al enemigo, y el acuerdo la señal inconfundible de que se han abandonado todos los principios. Si no estás en contra de las reformas, eres un inmoral y un traidor. Sus objeciones no tienen como finalidad depurar la propuesta sino desacreditar a las personas.
En el contexto de consultar a las distintas organizaciones sociales, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa se planteó la necesidad de escuchar al Foro 2020. De parte y parte había interés en apropiarse de la credibilidad y respeto de que el nombre goza. Unos querían hacer ver que el Foro era su aval, y los otros estaban prestos a argumentar que el Foro estaba en contra de las reformas. En dicha comisión legislativa, el 22 de junio le correspondió al Foro 2020 el primer turno en el proceso de consultas. A las 10 de la mañana fui llamado, por nombre propio, como Coordinador de la Mesa Nueva Constitución del Foro 2020, a hacer una exposición sobre los planteamientos de dicha organización, lo que hice en menos de 15 minutos, ya que bastaba con explicar que el Foro es una reunión de organizaciones (gobierno, partidos y asociaciones civiles) que se verifica unas tres veces al año y que su próxima asamblea general estaba prevista para agosto. Las Mesa Nueva constitución ha venido reuniéndose semanalmente y es la que ha elaborado lo aprobado por la Asamblea del Foro.
El proyecto del Foro 2020, expliqué en esa ocasión, es una nueva Constitución producto del consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales; no obstante, sus integrantes nunca han logrado ponerse de acuerdo sobre el método para introducir el cambio. En dos años de trabajo se han aprobado unas 150 propuestas de cambio constitucional en asamblea general.
Cuando uno de los legisladores comenzó a hacerme preguntas sobre aspectos específicos del proyecto de reformas, sentí que lo honesto y lo decente era advertir a mis interlocutores que las respuestas que podía dar al respecto obedecían a un criterio personal y que no podían ser atribuidas al Foro, pues éste sólo podía pronunciarse luego de considerado el tema en asamblea general.
No sé si todas las organizaciones civiles y políticas acostumbran a definir sus posiciones en asamblea general y si los que se expresan a nombre de ellas lo hacen sobre la base de una delegación incontrovertible. En el caso del Foro 2020, era mi responsabilidad impedir que se distorsionara su incidencia en la cuestión. Para mi sorpresa, a los legisladores les pareció bien escuchar mi criterio sobre los extremos planteados. Pasada la media hora, que era el tiempo previo establecido para la consulta con cada una de las organizaciones invitadas, otro legislador pidió que mi intervención se terminase, pues mis opiniones no representaban al Foro, como yo había explicado ya. La cuestión fue considerada sumariamente por los legisladores, quienes decidieron que aún así debía yo continuar exponiendo sobre distintos aspectos que me requerían. Mi intervención concluyó poco después de las 12 del día, cuando las preguntas cesaron. Los integrantes de la Mesa Nueva Constitución y del Foro 2020 en el recinto me expresaron su satisfacción por los planteamientos ofrecidos y de los legisladores recibí un sincero reconocimiento. Quiero dejar registro de que hice mi mejor esfuerzo por cumplir con las exigencias de un debate racional, además de que intenté evitar que en dicho espacio se manipulara la posición del Foro 2020 en un sentido u otro.
Al pasar el proyecto de reformas por un primer tamiz de opinión pública queda claro que se requieren ajustes a la estructura política antes de que la sociedad panameña se aboque a una democratización más profunda; sin embargo, el paquete presentado adolece de defectos que recomiendan una drástica reducción a tres o cuatro puntos que no despierten sospechas ni polémicas. Fuera de esos aspectos, se requiere un debate sesudo y bien informado que será parte ya de un gran cambio que sólo una Asamblea Constituyente puede lograr.
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El Panamá América, Martes 29 de junio de 2004
Sentido y oportunidad de la reforma constitucional
No sé si llegue a ver el día en que las panameñas y los panameños sientan por su Constitución el mismo amor y orgullo que por su bandera. Lo que hoy se puede afirmar es que de las sesiones extraordinarias para reformar la Carta Magna no saldrá nada de lo que ningún ser humano pueda sentirse orgulloso. Primero, el paquete presentado el viernes 18 por el presidente electo tenía demasiados errores innecesarios, lo que refleja apuro, falta de planificación, y ausencia del cuidado debido.
Segundo, la consulta que se realizó en la Comisión de Gobierno de la Asamblea sirvió sólo para poner al descubierto todos estos errores y la falta de una consulta sistemática, pues, como pude apreciar en la reunión de la comisión legislativa de hace dos semanas, hay legisladores del PRD que muestran distancia y expresan críticas hacia algunos aspectos específicos del anteproyecto.
Tercero, como los proponentes han insistido en que su propósito es modernizar al Estado Panameño, han llovido una larga serie de demandas que tratan justamente de hacer eso, introducir estructuras modernas para la protección de los derechos de las personas. Lo acumulado en esta operación ha consistido en que cada grupo de interés piensa en lo que le gustaría tener en la Constitución y, en consecuencia, ha solicitado su inclusión. Es que, claro, si el objetivo es, como en los remates de tiendas, salir de la mercancía al precio que sea con tal de que se haga rápido, no hay ninguna razón para que no haya 40 ó 100 grupos pidiendo que se incluyan las dos o tres cositas que le interesan en materia constitucional.
Y la cuarta razón es que, como derivado de lo anterior, si al momento en que se presentó el anteproyecto, el PRD pudo decir que la propuesta se basaba en el consenso existente en materia de reformas, ahora se tornará evidente -y las pruebas rodearán el Palacio Legislativo con pancartas y megáfonos en los próximos días- que no hay tal consenso para introducir reformas supuestamente modernizantes.
La única reforma constitucional que cabía impulsar era la que preparase el terreno para una nueva Constitución. En vez de eso se optó por una que pretendía sustituir a la Constituyente, de manera que se pueda gobernar por lo menos unos cinco años más sin tener que abocarse al doloroso proceso de democratizar el país. Convivir con la enfermedad no es una buena apuesta, sobre todo cuando estratégicamente uno se ha resignado a que no puede vencerla. La pregunta que debe responderse el equipo de gobierno que inicia en septiembre, no es si las normas constitucionales producen el bienestar del pueblo en forma automática (repito, no conozco a nadie que haya planteado semejante absurdo), sino si las tareas pendientes en la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza, el fomento de la inversión y la generación de empleos, se pueden llevar a cabo fuera del marco constitucional que rige en el país. En el caso de que se hayan hecho la pregunta y la respuesta sea afirmativa, entonces lo que ocurre es que ni se han leído la Constitución ni han comprendido el valor de la democracia para impulsar el desarrollo.
El momento de la transición de un gobierno a otro había que aprovecharlo, cierto, para asegurar la constitucionalización del mecanismo de cambio constitucional. La eliminación del segundo vicepresidente y del segundo suplente de los legisladores bastaba si se quería añadir algo más. El recorte de la inmunidad tampoco era una mala idea teniendo en cuenta lo azaroso que pudieran ser los próximos cinco años, pero la forma en que finalmente se planteó no fue feliz. Tampoco lo fue la disposición sobre los suplentes de los magistrados del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema, como algunas otras cosas. Sobre estos aspectos, como tantos otros, no había previamente ni discusión, ni consulta, ni consenso.
Una mención aparte merece la inclusión del llamado tercer método de reforma, vía una Constituyente. Todas las críticas han apuntado a señalar que el 25% de firmas del padrón electoral que se exige para activar dicho mecanismo lo hace inviable y que el proyecto de reforma no es más que una burla, pues no se propone permitir la Constituyente, sino hacerla imposible.
En adición, hay que insistir en que la reglamentación constitucional que se haga de esta figura deberá contener los suficientes parámetros normativos para garantizar que se le utilice adecuadamente, por lo que es recomendable reducir las opciones que quedan al arbitrio de la ley mediante la enunciación de algunos principios, como, por ejemplo, los relativos al régimen electoral que servirá de base para elegir a los constituyentes.
Las perspectivas de la llamada sociedad civil no carecen de problemas, según se mostró en el breve período de consultas del proyecto. Su defecto más grave consiste en acudir al debate constitucional con un enfoque reducido. No debemos olvidar que la buena salud de las propuestas constitucionales consiste en adoptar una perspectiva ciudadana desde la cual todos los otros intereses palidecen, incluyendo los gremiales, los partidarios, etc. Dicho de otro modo, los que tienen que participar en la discusión sobre la naturaleza de la representación política, sobre si los legisladores representan al electorado o al partido, y si la revocatoria del mandato debe ser por vía del electorado o del partido, no son los miembros de los partidos políticos en forma exclusiva. Se necesita que los ciudadanos, a través de sus organizaciones gremiales, sindicales, cívicas y profesionales, de mujeres y de los pueblos indígenas, sean las que impulsen un nuevo concepto de representación, de controles que se requieren sobre el Ejecutivo, el método para seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Electoral, procuradores, etc.
No sé si llegue a ver el establecimiento de un orden constitucional democrático en Panamá; lo que sí sé es que el momento para empezar a construirlo es hoy.
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El Panamá América, Martes 6 de julio de 2004
Segundo, la consulta que se realizó en la Comisión de Gobierno de la Asamblea sirvió sólo para poner al descubierto todos estos errores y la falta de una consulta sistemática, pues, como pude apreciar en la reunión de la comisión legislativa de hace dos semanas, hay legisladores del PRD que muestran distancia y expresan críticas hacia algunos aspectos específicos del anteproyecto.
Tercero, como los proponentes han insistido en que su propósito es modernizar al Estado Panameño, han llovido una larga serie de demandas que tratan justamente de hacer eso, introducir estructuras modernas para la protección de los derechos de las personas. Lo acumulado en esta operación ha consistido en que cada grupo de interés piensa en lo que le gustaría tener en la Constitución y, en consecuencia, ha solicitado su inclusión. Es que, claro, si el objetivo es, como en los remates de tiendas, salir de la mercancía al precio que sea con tal de que se haga rápido, no hay ninguna razón para que no haya 40 ó 100 grupos pidiendo que se incluyan las dos o tres cositas que le interesan en materia constitucional.
Y la cuarta razón es que, como derivado de lo anterior, si al momento en que se presentó el anteproyecto, el PRD pudo decir que la propuesta se basaba en el consenso existente en materia de reformas, ahora se tornará evidente -y las pruebas rodearán el Palacio Legislativo con pancartas y megáfonos en los próximos días- que no hay tal consenso para introducir reformas supuestamente modernizantes.
La única reforma constitucional que cabía impulsar era la que preparase el terreno para una nueva Constitución. En vez de eso se optó por una que pretendía sustituir a la Constituyente, de manera que se pueda gobernar por lo menos unos cinco años más sin tener que abocarse al doloroso proceso de democratizar el país. Convivir con la enfermedad no es una buena apuesta, sobre todo cuando estratégicamente uno se ha resignado a que no puede vencerla. La pregunta que debe responderse el equipo de gobierno que inicia en septiembre, no es si las normas constitucionales producen el bienestar del pueblo en forma automática (repito, no conozco a nadie que haya planteado semejante absurdo), sino si las tareas pendientes en la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza, el fomento de la inversión y la generación de empleos, se pueden llevar a cabo fuera del marco constitucional que rige en el país. En el caso de que se hayan hecho la pregunta y la respuesta sea afirmativa, entonces lo que ocurre es que ni se han leído la Constitución ni han comprendido el valor de la democracia para impulsar el desarrollo.
El momento de la transición de un gobierno a otro había que aprovecharlo, cierto, para asegurar la constitucionalización del mecanismo de cambio constitucional. La eliminación del segundo vicepresidente y del segundo suplente de los legisladores bastaba si se quería añadir algo más. El recorte de la inmunidad tampoco era una mala idea teniendo en cuenta lo azaroso que pudieran ser los próximos cinco años, pero la forma en que finalmente se planteó no fue feliz. Tampoco lo fue la disposición sobre los suplentes de los magistrados del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema, como algunas otras cosas. Sobre estos aspectos, como tantos otros, no había previamente ni discusión, ni consulta, ni consenso.
Una mención aparte merece la inclusión del llamado tercer método de reforma, vía una Constituyente. Todas las críticas han apuntado a señalar que el 25% de firmas del padrón electoral que se exige para activar dicho mecanismo lo hace inviable y que el proyecto de reforma no es más que una burla, pues no se propone permitir la Constituyente, sino hacerla imposible.
En adición, hay que insistir en que la reglamentación constitucional que se haga de esta figura deberá contener los suficientes parámetros normativos para garantizar que se le utilice adecuadamente, por lo que es recomendable reducir las opciones que quedan al arbitrio de la ley mediante la enunciación de algunos principios, como, por ejemplo, los relativos al régimen electoral que servirá de base para elegir a los constituyentes.
Las perspectivas de la llamada sociedad civil no carecen de problemas, según se mostró en el breve período de consultas del proyecto. Su defecto más grave consiste en acudir al debate constitucional con un enfoque reducido. No debemos olvidar que la buena salud de las propuestas constitucionales consiste en adoptar una perspectiva ciudadana desde la cual todos los otros intereses palidecen, incluyendo los gremiales, los partidarios, etc. Dicho de otro modo, los que tienen que participar en la discusión sobre la naturaleza de la representación política, sobre si los legisladores representan al electorado o al partido, y si la revocatoria del mandato debe ser por vía del electorado o del partido, no son los miembros de los partidos políticos en forma exclusiva. Se necesita que los ciudadanos, a través de sus organizaciones gremiales, sindicales, cívicas y profesionales, de mujeres y de los pueblos indígenas, sean las que impulsen un nuevo concepto de representación, de controles que se requieren sobre el Ejecutivo, el método para seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Electoral, procuradores, etc.
No sé si llegue a ver el establecimiento de un orden constitucional democrático en Panamá; lo que sí sé es que el momento para empezar a construirlo es hoy.
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El Panamá América, Martes 6 de julio de 2004
Hasta la proxima crisis
Las reformas a la Constitución Política no son el resultado de un viejo anhelo de la clase política. Fueron su respuesta ante el avance del movimiento pro-Constituyente. ¿En qué sentido puede hablarse de avance?
En dos sentidos muy claros: Primero, en que la palabra Constituyente dejó de ser una consigna vacía, o aérea. Gracias, entre otras cosas, al trabajo de la Mesa Nueva Constitución del Foro 2020, el país comenzó a asociar la promesa de una nueva Constitución con aspiraciones muy concretas de cambio en la estructura política, cuya finalidad era reforzar el Estado de derecho y la democracia.
Segundo, el movimiento pro-constituyente creció en participación. La consigna pro-Constituyente dejó de ser el slogan de cuatro cabezas calientes y, con un nuevo concepto, comenzó a hacerse parte de la nueva conciencia política del ciudadano que no necesariamente se activa en la política a través de los partidos. Con la iniciativa del Comité Ecuménico, que recogió cien mil firmas a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente paralela, la lucha por una nueva Constitución pasó a ser una lucha de masas.
Frente a este avance, los partidos políticos se mantuvieron como expectadores, observando con cautela el desarrollo de los acontecimientos. En todos estos años no fueron capaces de producir tan solo un evento público (jornada, conferencia, o seminario) o un documento (de análisis y propuestas) de libre circulación en que se propusieran orientar a sus militantes, adherentes y a la ciudadanía, en general, sobre cómo la Constitución influye sobre los destinos de la democracia panameña y qué camino se debe tomar.
Cuando los partidos aspiren a existir como colectivo más allá de las campañas electorales, cuando sus adherentes y militantes vean en el partido una fuente de orientación y no solo una fuente de trabajo, entonces verán la necesidad de formar corrientes de opinión pública sobre la base de intervenciones estratégicas, bien informadas, y modeladas sobre una base técnica y científica adecuada.
El debate en torno a la Constitución y al Estado de derecho es típicamente una de esas áreas en las que los partidos pueden desarrollar una base programática que contribuya al acervo de ideas que requiere el fortalecimiento democrático de la Nación.
Esta fuera de toda duda que jamás habría habido un proyecto de reformas constitucionales si no hubiese habido un amplio consenso político y social en que la Constitución debía ser modificada en una serie de aspectos muy precisos y que tienen que ver con la configuración de los Órganos del Estado. En la formación de ese consenso el Foro 2020 jugó un papel central y sobre esa base los vencedores de las elecciones del 2 de mayo propusieron llevar a adelante la reforma de la Constitución a través del mecanismo de las dos asambleas legislativas.
Curiosamente, el único partido que mantuvo una asistencia frecuente a las reuniones de la Mesa Nueva Constitución fue el PRD, a través del legislador Jerry Wilson, quien a la postre fungió como el proponente del paquete de reformas. Cuando a Wilson se le espeta que las reformas fueron inconsultas o improvisadas, su respuesta es invariable: allí están los dos años de trabajo del Foro 2020.
Pero la reforma de la Constitución, tal como se planteó el Viernes 18 de junio por el Presidente electo, no fue nunca uno de los pilares de su campaña electoral. Durante el torneo, la cuestión se mencionó con muchos pliegues. En una cuña televisiva, Torrijos buscó asociar su nombre con el proyecto de una nueva Constitución, mas no decía como se llegaría allí. Firmó las libretas del Comité Ecuménico en las que se declaraba de acuerdo con una Constituyente Paralela, pero el núcleo más intimo de sus colaboradores y acólitos explicó que Torrijos estaba a favor de la reforma y no de la Constituyente, pues este mecanismo no estaba contemplado en la Constitución.
No creo necesario abundar aquí en señalamientos sobre lo inadecuado del proceso mismo de reforma, la escasez de tiempo, la limitada participación de la ciudadanía, la falta de una agenda precisa que ordenara el debate, el empirismo y la falta de conceptos en la discusión y aprobación de algunos artículos, en los defectos no corregidos, o en los ahora añadidos. La reforma es fait accomplit, y no está de más recordar que ella no habría sido posible si Mireya Moscoso no hubiese puesto su firma en una serie de decretos presidenciales.
El país hace ahora una ligera siesta constitucional, que durará hasta la próxima crisis, que podría ser, por ejemplo, la demostración práctica de que el nuevo mecanismo para exigir responsabilidades a los legisladores es totalmente disfuncional, y que, por lo tanto, la impunidad continuará rampante. Por mi parte, estimo que las reformas son positivas por una sola razón: porque la próxima vez que sobrevenga un cuestionamiento de los órganos del Estado, como el ocurrido a principios del 2002, los ciudadanos estaremos en mejores condiciones para impulsar una renovación constitucional, pues podremos hacer uso de un mecanismo de cambio del que antes carecíamos.
Lo acumulado por el movimiento pro-Constituyente no se ha perdido. En ningún momento he pensado que la actual reforma lo vacía de contenido, aunque no se me escapa el hecho de que algunos la hayan favorecido, precisamente, buscando desactivarlo y desarticularlo. Hay que seguir trabajando en la afinación de las propuestas, en la educación de la ciudadanía, y en la persuasión a nuestros líderes. Es un trabajo colectivo que requiere seriedad y paciencia, y que debe evitar actitudes destempladas que no suman, sino que restan.
Como creo que los partidos políticos son insustituibles para la democracia, espero que se pongan a trabajar cuanto antes en la elaboración de una posición del colectivo sobre el mejor diseño constitucional, de modo que los vientos de fronda no los tomen por sorpresa otra vez.
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El Panamá América, Martes 2 de noviembre de 2004
En dos sentidos muy claros: Primero, en que la palabra Constituyente dejó de ser una consigna vacía, o aérea. Gracias, entre otras cosas, al trabajo de la Mesa Nueva Constitución del Foro 2020, el país comenzó a asociar la promesa de una nueva Constitución con aspiraciones muy concretas de cambio en la estructura política, cuya finalidad era reforzar el Estado de derecho y la democracia.
Segundo, el movimiento pro-constituyente creció en participación. La consigna pro-Constituyente dejó de ser el slogan de cuatro cabezas calientes y, con un nuevo concepto, comenzó a hacerse parte de la nueva conciencia política del ciudadano que no necesariamente se activa en la política a través de los partidos. Con la iniciativa del Comité Ecuménico, que recogió cien mil firmas a favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente paralela, la lucha por una nueva Constitución pasó a ser una lucha de masas.
Frente a este avance, los partidos políticos se mantuvieron como expectadores, observando con cautela el desarrollo de los acontecimientos. En todos estos años no fueron capaces de producir tan solo un evento público (jornada, conferencia, o seminario) o un documento (de análisis y propuestas) de libre circulación en que se propusieran orientar a sus militantes, adherentes y a la ciudadanía, en general, sobre cómo la Constitución influye sobre los destinos de la democracia panameña y qué camino se debe tomar.
Cuando los partidos aspiren a existir como colectivo más allá de las campañas electorales, cuando sus adherentes y militantes vean en el partido una fuente de orientación y no solo una fuente de trabajo, entonces verán la necesidad de formar corrientes de opinión pública sobre la base de intervenciones estratégicas, bien informadas, y modeladas sobre una base técnica y científica adecuada.
El debate en torno a la Constitución y al Estado de derecho es típicamente una de esas áreas en las que los partidos pueden desarrollar una base programática que contribuya al acervo de ideas que requiere el fortalecimiento democrático de la Nación.
Esta fuera de toda duda que jamás habría habido un proyecto de reformas constitucionales si no hubiese habido un amplio consenso político y social en que la Constitución debía ser modificada en una serie de aspectos muy precisos y que tienen que ver con la configuración de los Órganos del Estado. En la formación de ese consenso el Foro 2020 jugó un papel central y sobre esa base los vencedores de las elecciones del 2 de mayo propusieron llevar a adelante la reforma de la Constitución a través del mecanismo de las dos asambleas legislativas.
Curiosamente, el único partido que mantuvo una asistencia frecuente a las reuniones de la Mesa Nueva Constitución fue el PRD, a través del legislador Jerry Wilson, quien a la postre fungió como el proponente del paquete de reformas. Cuando a Wilson se le espeta que las reformas fueron inconsultas o improvisadas, su respuesta es invariable: allí están los dos años de trabajo del Foro 2020.
Pero la reforma de la Constitución, tal como se planteó el Viernes 18 de junio por el Presidente electo, no fue nunca uno de los pilares de su campaña electoral. Durante el torneo, la cuestión se mencionó con muchos pliegues. En una cuña televisiva, Torrijos buscó asociar su nombre con el proyecto de una nueva Constitución, mas no decía como se llegaría allí. Firmó las libretas del Comité Ecuménico en las que se declaraba de acuerdo con una Constituyente Paralela, pero el núcleo más intimo de sus colaboradores y acólitos explicó que Torrijos estaba a favor de la reforma y no de la Constituyente, pues este mecanismo no estaba contemplado en la Constitución.
No creo necesario abundar aquí en señalamientos sobre lo inadecuado del proceso mismo de reforma, la escasez de tiempo, la limitada participación de la ciudadanía, la falta de una agenda precisa que ordenara el debate, el empirismo y la falta de conceptos en la discusión y aprobación de algunos artículos, en los defectos no corregidos, o en los ahora añadidos. La reforma es fait accomplit, y no está de más recordar que ella no habría sido posible si Mireya Moscoso no hubiese puesto su firma en una serie de decretos presidenciales.
El país hace ahora una ligera siesta constitucional, que durará hasta la próxima crisis, que podría ser, por ejemplo, la demostración práctica de que el nuevo mecanismo para exigir responsabilidades a los legisladores es totalmente disfuncional, y que, por lo tanto, la impunidad continuará rampante. Por mi parte, estimo que las reformas son positivas por una sola razón: porque la próxima vez que sobrevenga un cuestionamiento de los órganos del Estado, como el ocurrido a principios del 2002, los ciudadanos estaremos en mejores condiciones para impulsar una renovación constitucional, pues podremos hacer uso de un mecanismo de cambio del que antes carecíamos.
Lo acumulado por el movimiento pro-Constituyente no se ha perdido. En ningún momento he pensado que la actual reforma lo vacía de contenido, aunque no se me escapa el hecho de que algunos la hayan favorecido, precisamente, buscando desactivarlo y desarticularlo. Hay que seguir trabajando en la afinación de las propuestas, en la educación de la ciudadanía, y en la persuasión a nuestros líderes. Es un trabajo colectivo que requiere seriedad y paciencia, y que debe evitar actitudes destempladas que no suman, sino que restan.
Como creo que los partidos políticos son insustituibles para la democracia, espero que se pongan a trabajar cuanto antes en la elaboración de una posición del colectivo sobre el mejor diseño constitucional, de modo que los vientos de fronda no los tomen por sorpresa otra vez.
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El Panamá América, Martes 2 de noviembre de 2004
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